El Juzgado de lo Penal 2 de Almería ha señalado para abril de 2016 uno de los juicios por presunta prevaricación urbanística en Zurgena contra el exalcalde y actual concejal de Obras Públicas, Cándido Trabalón, y una parte de la excoporación después de que la vista oral prevista el pasado día 15 tuviese que ser suspendida por la incomparencia de uno de los acusados.

   El procedimiento se inició en 2006 por el Juzgado de Instrucción 3 de Huércal-Overa y en 2012 se dicto auto de apertura de juicio oral después de que el fiscal formulase acusación. El juicio ya fue suspendido por primera vez en mayo de 2014, según han indicado a Europa Press fuentes judiciales, que han precisado que la providencia dictada por la jueza María Teresa Vidaurreta fija el nuevo señalamiento para el 6 de abril de 2016.

     El exconcejal de Urbanismo de Zurgena (Almería), Manuel Tijeras, no se personó el pasado día 15 en el acto de juicio, por lo que la magistrada resolvió suspender la vista oral. Sólo se opuso a esta decisión otro de los acusados, el arquitecto municipal Carlos Domingo Berbel, cuya defensa alegó que supondría "un gran perjuicio" para él ya que, en la actualidad, reside y trabaja en el extranjero "con la pérdida de días y dinero que ello conlleva".

   Trabalón, Tijeras, otro exedil y el arquitecto municipal se enfrentan a una petición fiscal de 18 meses de prisión y de nueve años de inhabilitación especial como presuntos autores de un delito de prevaricación administrativa por autorizar la parcelación para construir 37 viviendas unifamiliares en el paraje Los Carasoles siendo "conocedores" que se "prescindió" de manera "absoluta" del procedimiento administrativo legalmente establecido y de que era suelo no urbanizable.

   La Fiscalía indica en su escrito que la mercantil Promobel Rocosa solicitó en diciembre de 2004 una licencia para la parcelación urbanística de un terreno rústico de su propiedad, dividiéndolo en 37 parcelas para la construcción de otras tantas viviendas unifamiliares.

   La solicitud dio lugar a un expediente en el marco de cual presuntamente Carlos Domingo Berbel emitió dos informes en los que afirmaba que la referida parcela "estaba dentro de la Delimitación de Suelo Urbano (DSU) aprobada en pleno y en el avance del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)" aunque lo hizo, según dice, "omitiendo deliberadamente" para que fuera concedida que ninguno de los dos instrumentos había entrado en vigor.

   Habría omitido, por tanto, que, conforme a la normativa vigente, el suelo no era urbanizable y la parcelación no estaba permitida, a lo que el fiscal añade que "no se emitió" en el expediente administrativo el preceptivo informe jurídico.

   Trabalón y los dos excargos públicos están acusados por su participación en la Comisión de Urbanismo celebrada en febrero de 2005 y en la que votaron "a favor de la licencia solicitada, haciendo constar que acordaban por unanimidad informar favorablemente el parcelario propuesto por la promotora".

   El Ministerio Público estima que "todos ellos conocían" que en la tramitación del expediente se había prescindido "absolutamente" de procedimiento administrativo legalmente establecido "pues se había omitido --subraya-- el informe jurídico preceptivo y que la parcelación era contraria a la normativa urbanística".

   En el caso de Tijeras añade que supuestamente dicto un decreto ese mismo día en que se celebró la comisión en el que acordaba conceder autorización a la parcelación "sabiendo que la ley las prohíbe en suelo no urbanizable" y que en mayo, habría expedido una licencia "en la que expresaba que en Zurgena no era preceptiva ni para fincas urbanas ni para rusticas la correspondiente licencia de segregación".

   "No obstante, inmediatamente después se autorizaba a dividir la finca en 37 parcelas y calificaba la parcelas como de naturaleza urbana cuando sabia que eran suelo no urbanizable, expresaba la superficie de las parcelas restantes e, incluso, hacía constar que la superficie restante de la finca matriz serían destinadas a viales".

ENTRAMADO JUDICIAL

   En diciembre de 2014, el Juzgado de lo Penal 3 de Almería condenó a 15 meses de prisión y nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público a Trabalón, y a siete exediles de la corporación que votaron en pleno a favor de la concesión de una licencia para la construcción de ocho edificios de tres plantas y 202 viviendas, así como dos piscinas en la barriada de La Alfoquía.

   Consideró que lo hicieron "a sabiendas de su injusticia", ya que señalaba como un dato "constatado y claro" que se trataba de suelo no urbanizable" y que dieron el voto favorable pese al informe técnico desfavorable.

   Cabe recordar que Trabalón, quien, según sostiene la dirección regional del PA, fue expulsado de sus filas en diciembre de 2012, está procesado en el llamado caso 'Costurero' contra la corrupción urbanística en el que se enfrenta a penas que suman 180 años de prisión y 1.050 años de inhabilitación para cargo público.

   Entre los otros 23 acusados están exediles de la corporación, funcionarios y promotores inmobiliarios. No obstante, de ser condenado por los 120 delitos que se le imputan, cumpliría como máximo nueve años de cárcel.

   En los otros dos procedimientos de los múltiples que enfrenta en los que se ha celebrado ya juicio, en uno se dictó absolución y en un segundo, tras ser condenado en primera instancia, la Audiencia Provincial de Almería revocó el fallo y dictó también la absolución.