El alcalde explicó que, con esta operación, el Ayuntamiento de Torremolinos seguirá conservando el 5 por ciento del accionariado de la sociedad que, desde 1996, tiene concedida la explotación de la gestión del suministro de aguas y saneamiento hasta 2065.
En cuanto a los motivos que han llevado al Equipo de Gobierno a aprobar la enajenación, Pedro Fernández Montes afirmó que “son conocidas por todos los grandes dificultades económicas por las que atraviesan todos los ayuntamientos” y, en este contexto, destacó que la gran caída de los ingresos que soportan todos los municipios, cuyas respectivas economías se basaban sobre todo en los ingresos por urbanismo, ha tenido especial incidencia en los ayuntamientos que registraban mayor actividad urbanística, concretamente los de la Costa del Sol.
Además, abundando en el problema, el alcalde de Torremolinos afirmó que las carencias económicas de los ayuntamientos afectan directamente a aspectos esenciales como el pago de nóminas, imposibilidad de ejecutar obras públicas y retraso en los pagos a proveedores y empresas de servicios, calificados por el primer edil como “de máxima prioridad”.
Pedro Fernández Montes recordó también que, a las señalada carencia de recursos, se suma el hecho de que los ayuntamientos “tenemos que atender una serie de servicios impropios que, en el caso de Torremolinos, representan un desembolso de 7 millones de euros al año”, en referencia a servicios competencia de la Junta de Andalucía, como es el caso de la limpieza y mantenimiento de colegios, atenciones sociales y atenciones a inmigrantes, entre otros, a lo que se suma ahora el problema añadido de que la principal aportación de fondo públicos que reciben los ayuntamientos a través del Fondo de Cooperación Nacional para nivelación de servicios, ha sido reducida por el Gobierno para el próximo año en un 10 por ciento, “lo que agrava de manera muy dramática –dijo Pedro Fernández Montes- la falta de recursos económicos de los ayuntamientos”.
Consecuencia de tal situación es la venta del referido paquete accionarial de la empresa Astosam por parte del Ayuntamiento, cuyo pago, según explicó el alcalde, se concretará mediante la entrega de 9 millones de euros, en el momento de la compraventa; otros 4 millones de euros a los 60 días de la misma, y los 4 millones de euros restantes durante el año 2011 ó 2012.
Pedro Fernández Montes manifestó a continuación querer “salir al paso de interpretaciones partidistas o interesadas” de esta operación aclarando que la mayoría de los ayuntamientos suelen realizar la concesión de la gestión del agua en el 100 por 100 de la misma, sin importar el color político de los respectivos gobiernos municipales, citando como ejemplos los casos, sólo en nuestra provincia, de municipios como Archidona, gobernado por IU; Cártama (PSOE), Estepona (PSOE), Fuengirola (PP), Manilva (IU-PSOE), Marbella (PP), Pizarra (PSOE), Rincón de la Victoria (PSOE), Torrox (PSOE y Vélez Málaga (PSOE), significando que, en el caso de Torremolinos, la venta será del 95 por ciento de las acciones, de forma que Astosam seguirá siendo una empresa mixta, y el presidente del Consejo de Administración de la misma seguirá siendo el alcalde de Torremolinos.
Por otro lado, en lo que se refiere a la conveniencia de la operación de venta de las acciones, el primer edil explicó que los beneficios obtenidos por el Ayuntamiento en 2008 en Astosam ascendieron a 213.500 euros, y que el Ayuntamiento va a recibir anticipadamente el equivalente a 80 años de estos beneficios, es decir lo que sumarían esos beneficios hasta el año 2090, cuando la concesión actual expira en 2065.
Asimismo, Pedro Fernández Montes aclaró que “mientras el agua sea extraída de nuestros pozos, el consumo municipal por todos los conceptos será gratuito”, significando también que “la venta de estas acciones no va a cambiar la actual situación en lo que se refiere a las subvenciones a pensionistas y familias numerosas”, además de recordar que, en todo caso, “el Ayuntamiento será siempre el que tendrá que aprobar las tarifas del agua”.
En síntesis, el alcalde calificó esta decisión como “una operación beneficiosa”, a partir lógicamente de la necesidad de equilibrar las arcas municipales en la actual situación de crisis económica.
