La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba presentarán, este mismo mes, durante el periodo de exposición pública del anteproyecto de Ley de Patrimonio elaborado por el Gobierno de la Nación, alegaciones al mismo, ya que, según han subrayado "invade" competencias propias de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, en materia de patrimonio, en especial en lo referido a la gestión y las actuaciones a llevar a cabo en bienes declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, de los que 15 corresponden a Andalucía, y cuatro de ellos a Córdoba.
Así lo han anunciado, en una rueda de prensa conjunta en el Ayuntamiento cordobés la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, y el alcalde de la ciudad, José María Bellido, asegurando la consejera que "el Gobierno de Pedro Sánchez, con el anteproyecto que está tramitando lastra la conservación del patrimonio, dificulta el crecimiento de las ciudades, condena a la ruina a los centros históricos y patrimoniales de las ciudades e invade competencias de otras administraciones y entidades", como la Iglesia Católica.
De hecho, con el citado anteproyecto el Ejecutivo central, a juicio de Del Pozo, "da la espalda a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, perdiendo una oportunidad histórica para que conservación y crecimiento y desarrollo caminen juntos".
En este sentido, la consejera ha dicho estar "convencida de que la mejor manera de conservar el patrimonio es viviéndolo, y el mayor enemigo que tiene el patrimonio es precisamente separarlo de las necesidades de sus vecinos, del día a día de los vecinos".
Por eso y en referencia a la vigente Ley de Patrimonio, que data de 1985, la consejera ha señalado que, "35 años después, con este anteproyecto nos traen una modificación de una ley del siglo pasado, en lugar de traer la ley que necesita el siglo XXI".
Así, en su opinión, se trata de "una modificación que no resuelve los problemas, sino que nos crea más problemas, que no simplifica las tramitaciones administrativas, sino que la multiplica, creando más burocracia y menos protección de los bienes patrimoniales".
A ello se suma, ademas, el que "invade competencias de otras administraciones", como la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba, "e impone importantes limitaciones de derechos a instituciones como la Iglesia Católica".
De esta forma, la consejera se ha referido a que el mencionado anteproyecto prevé la creación de unos patronatos, con representación de las administraciones públicas y entidades privadas correspondientres a cada bien, pero incluyendo también al Gobierno central, para "controlar" la gestión de los bienes declarados Patrimonio de la Humanidad, que además tendrán la denominación de Bien de Interés Cultural (BIC) Mundial.
También prevé el anteproyecto del Gobierno, mientras que se crean los citados patronatos, que crearían una "duplicidad" con los ya existentes, la constitución de unas "comisiones gestoras", en las que tendria "mayoría" la Adminitración central, y que se encargarían de "llevar a cabo las actuaciones que se deriven de la declaración como BIC Mundial" de bienes que ya tienen la declaración de Patrimonio de la Humanidad, y "sin distinguir si afecta por igual" al Parque Nacional de Doñana, a la Mezquita de Córdoba o a su casco histórico.
ALEGACIONES DE CÓRDOBA
En este sentido y por su parte, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha anunciado que, pese a que no se ha dado traslado oficial del anteproyecto al Ayuntamiento de la ciudad española que tiene más bienes declarados Patrimonio de la Humanidad, en concreto la Mezquita, el casco histórico, la Fiesta de los Patios y Medina Azahara, el Consistorio va a "presentar alegaciones" al mismo, en defensa del "principio general de que Córdoba se gobierna desde Córdoba y no desde Madrid".
Así, Bellido ha insistido en que "el patrimonio de los cordobeses y andaluces se gestiona desde Córdoba y Andalucía y no desde el Gobierno del señor Sánchez", a lo que se suma que "hay algunas cuestiones que nos suscitan, cuanto menos dudas, que deberían aclararse", pues "abren incertidumbres que son peligrosas para el futuro, si no se aclaran en el sentido en que debe hacerse".
De este modo y según ha argumentado el alcalde de Córdoba, "cuando se habla de la constitución de patronatos sobre los bienes que ya están inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial de la Unesco", más allá de la obviedad de que afectará a la Mezquita o a Medina Azahara, lo cierto es que afectará "al casco histórico" de Córdoba o a su Fiesta de los Patios.
En consecuencia, Bellido se ha preguntado si "¿hay intención, detrás de esta ley, de que toda una zona de nuestra ciudad, como es el conjunto histórico de Córdoba, pase a estar gestionado por un patronato en el que se reserva el poder de decisión el Gobierno de la Nación?", lo que ha llevado al alcalde a hacerse otra pregunta: "¿hasta ese punto van a invadir las competencias de los cordobeses, de nuestro ayuntamiento, poniendo en marcha un patronato cuando aquí hay un modelo que en este ayuntamiento lleva ya funcionando muchos años, con un Plan Especial de Protección del Casco Histórico (Pepch) de Córdoba y que funciona bien?".
Si la respuesta a esta pregunta es afirmativa, a Bellido le parece "que es una invasión de competencias, no ya autonómicas, sino de competencias locales", cuando el Ayuntamiento de Córdoba, según ha recordado, tiene "autonomía local para gestionar la ciudad y que no tiene que ver en ningún patronato a decirnos cómo gestionar una parte tan importante de nuestra ciudad como es todo nuestro conjunto histórico".
