La presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, ha asistido de manera telemática a la reunión de la Comisión de Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, integrada en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que ha aprobado por unanimidad solicitar al Gobierno de España que las diputaciones tengan acceso a los fondos extraordinarios que la Comunidad Europea va a poner a disposición del Estado para combatir la pandemia.
Según ha indicado la Diputación en una nota, se trata de un acuerdo al que García ha mostrado su "firme apoyo" y cuya idoneidad defiende con argumentos como el "alto nivel de cumplimiento de la ejecución de fondos demostrado por las diputaciones".
El pasado 6 de octubre, el Gobierno de España presentó el 'Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española', mediante el cual se movilizarán en los próximos tres años el 50% de los recursos asignados a España por la Unión Europea para contribuir a la recuperación social y económica de la situación ocasionada por el Covid-19.
En la reunión de este jueves de este organismo de la FEMP se ha acordado instar al Gobierno a que incluya en este plan a las diputaciones, cabildos y consejos insulares para que puedan ser beneficiarios directos y que se haga "en igualdad de condiciones que las comunidades autónomas y ayuntamientos".
La presidenta de la Diputación ha valorado el acuerdo alcanzado en esta sesión virtual, que van más allá de la inclusión en estos fondos comunitarios, ya que también han aprobado pedir al Ejecutivo que se les haga partícipes de cualquier otro fondo análogo que se articule "como el previsible fondo estatal que ponga en marcha en Gobierno de España", según ha expresado Irene García al término de la videoconferencia, además de poder usar los remanentes y los superávits en inversiones que combatan el desempleo y palien los efectos del Covid-19.
Además de la experiencia y solvencia demostradas en la gestión de recursos públicos y ayudas, Irene García ha añadido otro elemento para justificar este acuerdo de la FEMP, ya que las diputaciones, por su estructura, funcionamiento y objetivos, son las que pueden ofrecer "mayores garantías para la igualdad de oportunidades en el reparto de los fondos entre la población que vive en grandes municipios y la que reside en pequeños pueblos o áreas rurales".
La presidenta ha hecho referencia a "la implicación real y directa de las diputaciones con todos los municipios, no sólo con los de menos de 20.000 habitantes", un apoyo que ha personalizado en la propia Diputación de Cádiz, que ha puesto en marcha planes en los municipios por valor de más de 26 millones de euros, procedentes de recursos propios, desde la declaración del estado de alarma en marzo.
Irene García ha resaltado la necesidad de esta exigencia por una doble razón en el caso de la provincia de Cádiz, al tratarse de la que presenta una mayor tasa de paro: "Es obligatorio, necesario e imprescindible que todas las administraciones se vuelquen con recursos extraordinarios para combatir el desempleo".
A juicio de la presidenta de Diputación, debe actuarse de este modo para "evitar que pase lo mismo que con muchos planes como la Iniciativa Territorial Integrada, ITI, que ha sido vaciada de contenido y de presupuesto en un momento tan complicado como el que vivimos ahora".
