Primero fue la aplicación de la subida del SMI y ahora el incremento de los costes laborales. El caso es que la puesta en marcha de los planes de empleo de la Junta para los ayuntamientos viven un nuevo episodio de conflicto a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo que ha apreciado discriminación salarial entre los sueldos que perciben los beneficiarios y los propios empleados de los ayuntamientos.
El PSOE provincial convocó ayer a todos los alcaldes y alcaldesas socialistas de la provincia -Mamen Sánchez no pudo estar por motivos de agenda- para abordar la cuestión y emprender una “ofensiva institucional con iniciativas en todas las cámaras”, de manera que sea la Junta quien asuma los sobrecostes y resuelva la situación generada a raíz de la sentencia de casación del Tribunal Supremo de 7 de noviembre de 2019 que ha fijado de forma definitiva que el salario de los trabajadores acogidos a los planes de empleo joven y empleo+30 de la Junta de Andalucía no puede ser inferior al del resto de los contratados por los ayuntamientos porque, en caso contrario, sería discriminatorio para esos empleados.
La secretaria general provincial del PSOE y presidenta de la Diputación, Irene García, manifestaba ayer que “la Junta de Andalucía tiene que hacer frente a ese problema que ha surgido con los sobrecostes laborales de estos contratos. Ni las arcas municipales están tan boyantes como para poder afrontar con recursos propios una cantidad de dinero que hace inviable la contratación de dicho personal, ni la provincia de Cádiz puede permitirse el lujo de que se dejen de ejecutar estos planes y no se contraten a desempleados, renunciando a los planes como está pasando en otras provincias”.
García subrayó asimismo, desde el plano político, que “ya no caben excusas, deberían de dejar la susanitis a un lado y aplicar medidas correctoras, pues hay una sentencia de hace dos meses y ya llevan un año dentro del Gobierno y los Gobiernos están para aportar soluciones cuando ocurren cosas como éstas”.
Por otro lado, la secretaria general también cuestiona al gobierno de la Junta de cara a la existencia de futuros planes de empleo, pues entiende que, “al no haber ninguna partida específica, eso inquieta sobremanera a los ayuntamientos. Los planes de empleo actuales fueron los aprobados por el Gobierno de Susana Díaz y no han aprobado ninguna iniciativa nueva y se puede dar la circunstancia de que después de muchísimos años, el Gobierno andaluz no tenga ninguna iniciativa con los ayuntamientos de esta provincia para poder contratar con las características y efectividad que tienen los planes de empleo”.
Jerez ofrece tres soluciones a la Junta
La alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, reconoce a este periódico que estamos ante un problema que “afecta muchísimo” al Ayuntamiento, ya que de asumir los sobrecostes salariales tendría que aportar un extra de más de ocho millones de euros, según los cálculos realizados; una cantidad inasumible en estos momentos.
En este sentido, el Ayuntamiento remitió hace tres semanas un escrito a la consejera de Empleo proponiéndole tres soluciones, de manera que no sea necesario renunciar a los planes de empleo. La primera, la más directa, ya la apuntó ayer Irene García, que la Junta asuma el sobrecoste. Las otras dos, tal vez las más viables, pasan por la modificación del decreto de los propios planes de empleo, de manera que, en un primer caso, no se establezca la cantidad que hay que abonar por cada trabajador, sino que se establezca el cómputo global de la cantidad asignada al Ayuntamiento para que éste la distribuya en función de los salarios establecidos por convenio. En el segundo caso, lo que se solicita es que los contratos se puedan realizar por menos horas de las previstas, y amoldarlas al dinero disponible.
La alcaldesa recuerda que tienen de plazo hasta junio para contratar, con lo que hay tiempo para solucionar esta nueva complicación.
Ya se asumió la subida del SMI
La puesta en marcha de estos nuevos planes de empleo arrancaron rodeados de polémica, ya que la aplicación de la subida del SMI obligó a algunos ayuntamientos a renunciar a los planes o a asumir el coste de la subida, como ocurrió en el caso de Jerez, aunque a cambio de reducir el número de beneficiarios previsto en un principio y de reducir el número de meses de contratación. De hecho, tuvo que solicitar una prórroga para reorganizar la programación.
