El Juzgado de Instrucción 4 de Almería ha abierto diligencias previas para investigar si hay delito en el cultivo de 166,49 hectáreas de regadío en el paraje 'La Joya' de Aguamarga, en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar.
La causa penal se ha incoado después de que la Fiscalía de Medio Ambiente formalizase denuncia al apreciar indicios de delito en la transformación de suelo para árboles frutales como melocotón, nectarina, ciruela y paraguayo, según han indicado a Europa Press fuentes judiciales.
La asociación 'Amigos del Parque Natural' fue la que puso los hechos en conocimiento del fiscal ya que, según sostienen, la transformación de suelo se ha producido "sin contar" con la preceptiva licencia municipal "ni con la autorización medioambiental".
Desde el colectivo instan a que, "con urgencia", se produzca "el precinto de la actividad" que desarrolla la empresa agrícola promotora de los cultivos y a que se reponga el paraje "a su estado original".
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible emitió en mayo de 2019 una resolución que la que acordaba no otorgar la autorización ambiental unificada solicitada por la mercantil Agrofruits Levante SL para la "adecuación al cultivo de cítricos en regadío" en la finca La Joya de Aguamarga.
Argumentaba la Junta andaluza que el proyecto "no cuenta con la necesaria acreditación de uso de recursos hídricos" que lo hagan "lealmente viable" y remarcaba que era "incompatible" con la protección de los valores medioambientales del parque natural.
En concreto, indicaba la "incompatibilidad" del cambio de uso de forestal a agrícola de 11,27 hectáreas que había "solicitado legalizar" la empresas en la zona con grado de protección B1 y de la transformación de tierras de secano a regadío sobre una superficie de 67,94 hectáreas que, en la misma línea, también había "solicitado legalizar" en la zona con grado de protección B2.
La resolución remarcaba que tampoco es viable ambientalmente la transformación agrícola que la mercantil había solicitado en zona C1 "por no cumplir los criterios y directrices" del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque natural ni la adecuación de edificaciones de apoyo "para la implantación de una gran extensión de cultivos de frutales de hueso forzados".
"La viabilidad de la adecuación de las edificaciones de apoyo está condicionado a un proyecto de cultivo que garantice el mantenimiento del funcionamiento de los ecosistemas y aprovechamiento sostenible de los recursos, la conservación del paisaje, la cubierta vegetal, el suelo, la fauna y los recursos hídricos", apuntillaba.
Por último, la junta rechazaba en su resolución, contra la que cabían recursos de la alzada, la ubicación de balsas en la zona B2 y en la zona C1, esta última porque, si bien sí es compatible con los usos dados a este tipo de zonas, es una balsa "asociada a la implantación de una gran extensión de cultivo de frutales de hueso forzados".
Según la denuncia elevada a Fiscalía y que ha dado lugar a la apertura de procedimiento penal, la finca, que tiene una superficie de 251,98 hectáreas, ya ha desarrollado una superficie de 166,49 hectáreas de frutales de hueso en regadío, y ahora pretende su legalización a efectos ambientales.
De ellas, 11,27 hectáreas están situadas en zona B1, consideradas áreas naturales de interés general; 67,94 hectáreas en zonas B2, que son áreas seminaturales con usos tradicionales; y 82,19 hectáreas en zonas C1 que el PORN permite ser utilizadas para cultivos agrícolas, pero que en este caso no se acredita la disponibilidad de recursos hídricos.
