Ecologistas en Acción ha presentado ante al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) un incidente de nulidad de ejecución de sentencia en el que pide que se anule y suspenda el proceso abierto a información pública por la Junta de Andalucía para otorgar una nueva Autorización Ambiental Unificada (AAU) para el proyecto denominado 'Proyecto de Explotación Río Tinto', promovido por Atalaya Mining, en Minas de Riotinto (Huelva).
Todo ello después de que la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Junta, en ejecución de la citada sentencia, abriera a información pública este procedimiento hace unos días.
En un comunicado, Ecologistas en Acción ha señalado que, una vez analizada toda la documentación anunciada en el BOJA "se puede comprobar que la Junta de Andalucía ha incumplido esa sentencia en lo más básico". En este sentido, han recordado que la sentencia anulaba la AAU y el fundamento jurídico principal es que "se había incumplido el artículo 19 del Decreto 356/2010 que obliga a realizar un informe de verificación de compatibilidad con la normativa ambiental, con carácter previo a poner en información pública toda la documentación que tiene que ser sometida a Evaluación de Impacto Ambiental para la posible obtención de la AAU".
Al respecto, han añadido que aunque se han publicado en la web de la Junta de Andalucía un total de 767 documentos que "se hurtaron" a la participación ciudadana en el año 2014, "increíblemente, la Junta de Andalucía ha vuelto a incumplir su obligación de publicar el informe de compatibilidad ambiental, ni el que se hizo el 13 de enero del 2014 ni el que necesariamente se tiene que haber realizado ahora, con carácter previo a la apertura de la información pública", así como otros tantos documentos "esenciales" que se omitieron en el primer procedimiento.
Ecologistas en Acción ha considerado que la ejecución de sentencia realizada por la Junta de Andalucía resulta "una nueva burla a los derechos de participación ciudadana y a los términos de la propia sentencia del TSJA" y por ello pide que se anule y suspenda el acuerdo de la Dirección General y que ésta "publique todos los documentos hurtados, incluyendo el imprescindible informe de verificación de compatibilidad ambiental, con reinicio del periodo de participación ciudadana".
Por último, ha insistido en que no habrá seguridad jurídica hasta que no esté garantizada la seguridad ambiental completa del proyecto, que pasa por la seguridad completa de las presas de lodos.
