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Sin acuerdos culmina segunda sesión de negociaciones en Nicaragua

Las negociaciones avanzaron en el segundo día con la discusión en detalle de aquellos puntos pendientes de acordar sobre cómo serán las reglas del juego

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  • Negociaciones. -

La segunda sesión de la mesa de negociaciones entre el Gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, concluyó hoy sin acuerdos concretos y sin haber discutido aún los temas de fondo.

Las negociaciones avanzaron en el segundo día con la discusión en detalle de aquellos puntos pendientes de acordar sobre cómo serán las reglas del juego, indicó la Alianza Cívica en una declaración, al concluir el encuentro.



En la apertura de la mesa, el miércoles, los representantes del Gobierno y de la Alianza Cívica aprobaron una hoja de ruta de nueve puntos, relacionados básicamente con esas reglas.

"Las negociaciones se encuentran en la etapa de definir aspectos de forma y funcionamiento críticos para la claridad y la transparencia al momento de abordar los temas de fondo", explicó la coalición opositora.

La Alianza Cívica aclaró que la negociación no ha entrado en temas de fondo, y valoró como "crucial que las reglas" que la regirán "estén claras y bien acordadas de cara a la adopción y respeto de los posibles acuerdos".

"Mañana al mediodía vamos a tener ya la información completa de todas las normas que van a regir la negociación", dijo a los periodistas el antiguo embajador en Estados Unidos Carlos Tünnermann, jefe de la delegación de la Alianza Cívica.

"Nos falta todavía darle una revisada final y después se les va a mandar a avisar", afirmó Tünnermann, y añadió que "hay pequeños matices que están pendientes", aunque no los detalló.

Consultado acerca de si hay consenso sobre los garantes internacionales de esas negociaciones, dijo que no puede adelantar nada, porque "ese es el compromiso que tenemos".

Por su parte, los representantes del equipo negociador del Gobierno no brindaron declaraciones a los periodistas.

Tampoco el nuncio apostólico en Nicaragua, Waldemar Stanislaw Sommertag, ni el cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes, que actúan como testigos de las negociaciones.

Diferentes movimientos sociales han reclamado, hasta ahora sin éxito, más transparencia y mayor información sobre las negociaciones.

Las partes acordaron celebrar una tercera sesión mañana viernes.

En Nicaragua se constituyó la nueva mesa de negociaciones para superar de forma pacífica la crisis sociopolítica que vive el país desde abril, sin la participación del presidente Ortega ni de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, como sí ocurrió en un primer intento fallido de diálogo en mayo pasado.

Ese día el secretario general de la OEA, Luis Almagro, anunció desde Washington que el organismo podría actuar como garante del diálogo en Nicaragua, donde considera que es posible alcanzar una "solución nicaragüense" a una crisis que ha dejado cientos de muertos y de detenidos.

El Consejo Permanente de la OEA ha comenzado a aplicar la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua, lo que podría culminar con su suspensión del organismo continental.

La Alianza Cívica reafirmó hoy que su mandato es exigir la liberación de los detenidos por protestar contra el Gobierno y el restablecimiento de las libertades, derechos y garantías previstos en la Constitución Política.

También unas reformas electorales que garanticen unas elecciones justas, libres y transparentes, y justicia para las víctimas de las violentas protestas que comenzaron el 18 de abril de 2018.

El Gobierno de momento no ha divulgado sus intereses, aunque el Ejecutivo ha dicho expresamente que su objetivo es tocar temas económicos.

Las negociaciones se desarrollan a puerta cerrada en la sede del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (Incae), en el sur de Managua.

Nicaragua sufre una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos locales humanitarios elevan a 561 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado. 

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