El Grupo Municipal del Partido Popular presenta al pleno ordinario de este jueves una propuesta que persigue instar a la Junta de Andalucía a incluir en los presupuestos autonómicos para el ejercicio 2018 la partida económica suficiente para “garantizar la viabilidad de dos proyectos vitales para el futuro inmediato de Chiclana”.
En concreto, según ha explicado hoy en rueda de prensa el portavoz del PP, Andrés Núñez, se trata, por un lado, de la adquisición del centro de salud de Los Gallos y su puesta en marcha en dicho ejercicio, “en virtud y cumplimiento de la estipulación tercera del convenio suscrito entre Ayuntamiento de Chiclana y gobierno autonómico”. Por otro lado, se reclama que se garantice la ejecución de la red de sistemas generales en la ciudad por importe de 40.276.425 euros.
Andrés Núñez subraya que “el Parlamento Andaluz tramita en la actualidad la aprobación de los presupuestos para el próximo ejercicio 2018, un documento donde las aportaciones específicas para nuestra ciudad son ficticias, en tanto que se limitan a la terminación de la obra del tranvía, que no se sabe a qué obra concreta se refiere, y la aportación de fondos Iniciativa Territorial Integrada (ITI) que obviamente no se ejecutarán en 2018, siendo meramente un apunte contable”.
Sin embargo, para la formación popular existen “dos asuntos de importancia capital y que deben aparecer en los presupuestos pero que han sido obviados por el PSOE”.
El primero de estos asuntos es el centro de salud de Los Gallos. Sobre éste, los populares destacan que “el pasado día 25 de febrero el pleno del Ayuntamiento de Chiclana aprobó el convenio a suscribir con la Junta de Andalucía para la realización de las obras en dicho centro”.
Dicho convenio, en su estipulación tercera, establece que el Servicio Andaluz de Salud (SAS), en el marco de sus competencias, se compromete a realizar las actuaciones encaminadas a la adscripción a su red de centros sanitarios del centro de salud, tipo II, Los Gallos cuando reúna todas las condiciones necesarias para la prestación de la asistencia sanitaria y a las actuaciones encaminadas a la adquisición de la titularidad del mismo, así como a que la gestión y administración del mismo quede bajo su dependencia orgánica y funcional”.
Igualmente, Andrés Núñez resalta que “el contrato para la ejecución de las obras con la empresa cordobesa adjudicataria de las mismas se suscribió este mes de octubre, disponiendo el pliego de condiciones que las mismas deberán estar finalizadas en el plazo máximo de ocho meses, debiendo en el mes siguiente recepcionarse por parte del Ayuntamiento. Es decir, que en condiciones normales, comenzando las obras de manera inmediata, el Ayuntamiento recepcionaría el centro en julio o agosto de 2018”.
En este contexto, el Partido Popular insiste en que “es entonces cuando la Junta de Andalucía deberá adquirir el centro, previa tasación, para su oportuna adscripción a la red de centros sanitarios. Pero, a pesar de ello, la Junta de Andalucía no ha previsto partida alguna para la adquisición del centro en los presupuestos autonómicos para 2018”.
Por otra parte, desde el PP se destaca que “con la esperanza de que finalmente se levanten, más pronto que tarde, las suspensiones que a día de hoy afectan al Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), así como la aprobación completa de la ordenanza de regularización, es lógico pensar que el proceso de regularización pudiera tener cobertura legal en el ejercicio 2018”.
Ante tal perspectiva, Andrés Núñez afirma que “en abril de 2005 se suscribió acuerdo con la Junta de Andalucía para la financiación, con fondos europeos, de los sistemas generales en la ciudad, que afectan a diferentes zonas, como Rana Verde, Pago de Humo y Marquesado. Se ejecutaron los correspondientes a Rana Verde, por importe aproximado de 14 millones de euros”.
No obstante, el edil popular reseña que “dicho convenio quedó en el limbo, con lo que quedaron pendientes de ejecutar 32 millones de euros aproximadamente. Todo ello sin olvidar el anuncio efectuado por el consejero de Medio Ambiente en abril de 2010, en el que aseguró otros 11 millones adicionales para dicho fin”.
De esta manera, Núñez manifiesta “la importancia que tiene reactivar dicho convenio y que se aporten esos 11 millones prometidos también para que la Junta de Andalucía aporte tal dinero, ya que los sistemas generales necesarios para el desarrollo completo de las Áreas de Regularización suponen un importe total de 126.193.817 euros, lo que equivale aproximadamente a un tercio del coste total de la urbanización. La reducción de dicha suma en los 43 millones de euros prometidos, supondría una reducción del 35 por ciento aproximadamente de los costes”.