La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, ha abierto una queja de oficio dirigida al Ayuntamiento de Sevilla interesándose por la construcción del centro comercial en la zona de Palmas Altas.
Así, en el texto de su queja, consultado por Europa Press, la Defensoría, que señala que ha tenido conocimiento de este asunto por los medios de comunicación, apunta que resulta "preocupante" el hecho de que la apertura de esta superficie "conlleve un gran número de desplazamientos en vehículos a motor, utilizando unas vías públicas que soportan un número extraordinario de vehículos que ya están ocasionando problemas de movilidad".
En este sentido, se refiere a la situación en la que, actualmente, se encuentra la SE-30, "objeto de atención en diversos medios de comunicación tanto por los problemas de congestión de tráfico, como por los riesgos de siniestralidad que presenta en determinados puntos".
De hecho, añade que estas circunstancias han motivado que la institución haya tramitado recientemente de oficio la queja 16/2936, en colaboración con la Defensora del Pueblo de las Cortes Generales, de la que ha resultado "la confirmación de esas disfuncionalidades y el compromiso de la Administración General del Estado de afrontarlas, aunque sin que fije una fecha cierta para ejecutarlas y para que de manera efectiva se subsanen tales deficiencias".
Igualmente, la Oficina ha recordado el "caos" circulatorio que, en su día, se originó con la entrada en funcionamiento de una superficie comercial que tenía acceso desde la autovía de Huelva y que "se autorizó sin que estuvieran en servicio todas las infraestructuras previstas para regular el impacto del tráfico que se iba a originar".
Por otro lado, Maeztu apunta en su queja que en unos momentos en los que se está apostando por un modelo de desarrollo económico sostenible, las grandes superficies situadas en los entornos de las ciudades "obliguen al desplazamiento a través del transporte privado, lo que conlleva el uso de vehículos de motor que, debido al consumo de combustibles fósiles, inciden en la emisión de gases de efecto invernadero y de sustancias que, asimismo, inciden en la contaminación atmosférica".
"Todo ello debe llevar a reflexionar seriamente sobre la conveniencia de seguir facilitando que se implanten nuevas superficies comerciales en el exterior de las ciudades", afirma el Defensor, que manifiesta que "sin perjuicio de respetar el 'ius variandi' de las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus potestades de ordenación territorial y urbanística, se dirige al Ayuntamiento de Sevilla para que le informe sobre algunas cuestiones en torno a este asunto.
De este modo, quiere saber si se ha valorado, de manera coordinada con las administraciones titulares de las carreteras en las que se van a producir afecciones, la capacidad para asumir el aumento de tráfico rodado en determinados tramos, "de manera que no se reste eficacia a las carreteras existentes", y si, dada la naturaleza del proyecto, se ha llevado a cabo la evaluación ambiental del proyecto en cuestión.
Además, la Defensoría quiere conocer si el instrumento de ordenación urbanística que facilita la ejecución de este proyecto cuenta con el correspondiente informe o memoria de sostenibilidad económica, y si la previsión de autorizar una superficie comercial en el lugar estaba prevista en el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) del municipio de Sevilla desde el inicio, o ha sido consecuencia de una modificación puntual de éste.
Asimismo, el Defensor del Pueblo Andaluz pide que se le informe sobre cualquier otro extremo que estime de interés en relación con los problemas de fondo que han motivado el inicio de esta queja de oficio como "el impacto en el tráfico rodado y disfuncionalidades en las infraestructuras derivadas de ello, la incidencia en el cambio climático y contaminación atmosférica y el impacto en el pequeño comercio de la ciudad y, como consecuencia de ello, en el modelo de ciudad".
