El Ayuntamiento de San Fernando se ha adherido, a través de un Decreto de Alcaldía, al convenio de colaboración con el Consejo General del Poder Judicial, la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, cuyo objetivo es la detección de casos en los que se produzcan desahucios de viviendas para adoptar medidas de carácter social e intercambio de información y datos que permitan llevar a cabo soluciones que eviten el desalojo de familias afectadas por desahucios o ejecuciones hipotecarias.
De esta manera, los Servicios Sociales municipales tendrán la posibilidad de obtener información sobre los desahucios con antelación suficiente a la fecha de alzamiento y buscar así soluciones a las familias afectadas, además de colaborar en aportar información sobre personas y núcleos familiares amenazados por una orden de ejecución de esta índole, según los acuerdos de un convenio que tiene su origen en marzo de 2016, cuando nació de la mano del CGPJ, la administración autonómica y la FAMP.
“Desde entonces, el Ayuntamiento viene trabajando para sumarse a este convenio tripartito que permite que las administraciones puedan colaborar con la Justicia de una manera muy importante a la hora de aportar información que facilite saber en qué situación se encuentran las familias amenazadas por procedimientos de desahucios. Con esta adhesión logramos un avance muy importante en la defensa de los derechos de los más desprotegidos”, ha señalado el concejal de Presidencia, Conrado Rodríguez.
En este sentido, el gobierno municipal anuncia esta adhesión como uno de los objetivos que quedaron marcados por cumplir entre las cien medidas de acuerdo de gobierno firmado en agosto de 2015, en cuyos puntos 72, 73 y 74 se reflejaban actuaciones encaminadas a combatir los desahucios, entre los que destacaban “propiciar la firma de un convenio con el juzgado para que, con la antelación suficiente, se informe a los servicios sociales de los lanzamientos previstos con respeto a la Ley Orgánica de Protección de Datos”. Así mismo, se especifica que “incentivaremos la suscripción de un convenio con las entidades financieras que colaboren en la paralización de los desahucios hasta haber encontrado una alternativa habitacional, reconociendo públicamente aquellas entidades colaboradoras”.
“El convenio se convierte en un instrumento sumamente eficaz que perseguíamos para establecer un protocolo de actuación fruto de la comunicación directa entre autoridad judicial y el personal técnico de los Servicios Sociales”, especifica el concejal de Presidencia, “articulándola con líneas como actuar en procedimientos de ejecución hipotecaria sobre vivienda actual, desahucios de vivienda habitual por falta de pago de la renta o cantidades cuyo pago corresponda al arrendatario, adaptación al sistema informático procesal Adriano, que facilita la transacción de información judicial y la tramitación de procedimientos, comunicaciones sobre procedimientos hipotecarios y desahucios sobre vivienda protegida y actuaciones en materia de asistencia jurídica gratuita”.
El gobierno local ha manifestado “la necesidad de ser sensible y actuar de urgencia para hacer frente a los problemas derivados de los desalojos por situaciones económicas asfixiantes, circunstancia con la que este Ayuntamiento se siente plenamente identificado”. De hecho, y como especifica Conrado Rodríguez, la redacción de este acuerdo al que se suma el Consistorio “viene a demostrar el interés de los poderes judiciales, el gobierno de la Junta de Andalucía y los representantes de los vecinos andaluces por dar también respuesta a la situación de crisis económica que ha provocado que muchos ciudadanos se encuentren inmersos en procedimientos de ejecución hipotecaria que terminan en la subasta o adjudicación de sus viviendas, con el consiguiente riesgo de exclusión social”.
