La Consejería de Fomento y Vivienda abrió en Huelva durante el año 2016 un total de 1.601 expedientes sancionadores a vehículos de transporte por carretera dedicados a la distribución de mercancías y al tránsito de viajeros por no cumplir la normativa.
Según informa el Gobierno andaluz en una nota, en toda Andalucía, estos procedimientos alcanzaron los 20.022 y entre las sanciones más habituales destacan las relacionadas con el incumplimiento de los tiempos de conducción y descanso, los excesos de carga, el incorrecto uso del tacógrafo, la vulneración de las condiciones del transporte privado complementario o la realización de desplazamientos sin la autorización correspondiente.
A lo largo de ese periodo, la Junta de Andalucía, en colaboración con la Guardia Civil de Tráfico, ha llevado a cabo 34.558 inspecciones en el marco de las campañas de control y vigilancia que se realizan anualmente.
En este aspecto, la delegada territorial de Fomento y Vivienda, María José Bejarano, ha explicado que "a través de estos controles desde la Administración autonómica se garantiza que se cumplen las normas, realizando una labor preventiva encaminada a corregir los incumplimientos y prácticas desleales, lo que acaba redundando en seguridad vial para todos los usuarios de la red de carreteras".
El marco normativo que vela por la prestación de este servicio en condiciones de seguridad vial es la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre, en la que se recogen sanciones económicas que oscilan entre los 100 euros, si las infracciones son leves, y los 4.001 euros, si son muy graves.
De acuerdo con esa escala, 6.412 procedimientos tramitados han sido castigos leves, con multas de entre 100 y 400 euros; 7.694 expedientes han sido calificados como incumplimientos graves, con penas económicas que varían entre 401 y 1.000 euros; y 5.916 sanciones se han tipificado como muy graves, con penalizaciones de entre 1.001 y 4.001 euros.
Estas operaciones de control y vigilancia, además de conllevar multas económicas, también pueden derivar en la inmovilización de vehículos por parte de la Guardia Civil, una medida de carácter preventivo que se adopta en los supuestos más graves con el fin de garantizar la seguridad vial en las carreteras, por ejemplo en el caso de excesos de carga o de tiempos. También persigue evitar la competencia desleal o el ejercicio de prácticas fraudulentas en el sector del transporte, cuando en las inspecciones que se realizan se detecta la ausencia de tarjetas y permisos pertinentes.
La labor de vigilancia llevada a cabo por el servicio de inspectores de la Junta de Andalucía, en coordinación con los efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local, se realiza durante todo el año a través de inspecciones en carretera, atendiendo a campañas específicas aprobadas en los Planes Coordinados de Inspección del Transporte de Andalucía que, con carácter cuatrimestral, aprueba la Consejería de Fomento y Vivienda.
En estos puntos de control, fijados simultáneamente para las ocho provincias, se supervisa la documentación que de forma obligatoria deben llevar los vehículos destinados al transporte de mercancías y viajeros; y se vela por el cumplimiento de la normativa vigente, prestando especial atención al ámbito de las mercancías peligrosas y perecederas o al transporte escolar y de menores.
Igualmente, se vigila el cumplimiento de las condiciones esenciales de las concesiones en los servicios de transporte público regular permanente de viajeros y se ejerce un exhaustivo control sobre el transporte ilegal de viajeros en vehículos turismo.
Paralelamente a estas inspecciones en carretera, cada año la Junta de Andalucía realiza labores de supervisión en empresas de transporte de mercancías y de viajeros para garantizar el cumplimiento de la normativa.
