La presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, ha firmado este martes los convenios de colaboración con once colectivos, asociaciones, fundaciones y residencias de la provincia, que suman una inversión de 107.477 euros. Las ayudas se articulan a través del área de Igualdad y Bienestar Social, de la que es responsable la diputada Isabel Armario, también presente en la firma celebrada en el Salón Regio del Palacio Provincial, junto con la diputada de Igualdad, Isabel María Moya.
Las entidades que han suscrito este convenio con la Diputación son Agedif, Apademi, Agamama, Residencia San José Tarifa, la Fundación Tres Culturas, A.Si.QUI.PU, Aula TGD, Personas Sordas Albor, Afede San Fernando, Sociedad Thales y Autismo Cádiz.
Estas entidades operan en diferentes campos de acción dentro del ámbito del bienestar social con un elemento común: la igualdad de oportunidades. En lo que a materias concretas se refiere, se encuentran la lucha contra el cáncer, la integración de las personas sordas, la puesta en marcha de programas para residencias de mayores, de autismo y también para la integración de aquellas personas con capacidades especiales, ayudas para personas con epilepsia, así como a la integración de personas con Síndrome de Down o la igualdad de género.
La presidenta de Diputación ha señalado que esta colaboración pretende ayudar a sostener el funcionamiento de estas entidades y sus programas y ha alabado el rico tejido asociativo de la provincia. Irene García ha puesto énfasis en especial en el trabajo de las personas voluntarias “auténticos héroes y heroínas”, según las ha calificado, y ha manifestado que le gustaría poder tener más recursos para poder prestar apoyo a la labor social que realizan.
Irene García ha aludido a la responsabilidad social que ha de tener una entidad como la Diputación, para facilitar un reparto justo de los recursos públicos y el fomento de la educación en valores de integración de personas en situación de vulnerabilidad. Estos convenios además sirven para visibilizar la labor de los colectivos.
Esta firma no es la única que se ha producido en recientes fechas en relación con entidades con fines sociales de la provincia. Ya el pasado 4 de abril se suscribieron acuerdos con treinta entidades que trabajan con proyectos o programas de salud, integración, igualdad y servicios, por una cuantía superior a los 320 mil euros.
Además hasta el 4 de mayo se encuentra abierto el plazo para que entidades sin ánimo de lucro soliciten ayudas en régimen de concurrencia competitiva para programas que se realicen con población vulnerable como personas mayores, personas con discapacidad física, psíquica o sensorial, personas con alguna enfermedad que suponga algún grado de dependencia, familias y menores en situación de privación social o económica, mujeres maltratadas, colectivos LGTBI o colectivos en riesgo de exclusión social, entre otros.
