La Fiscalía Anticorrupción ha denunciado ante la Audiencia Nacional al expresidente de Caixa Catalunya Narcís Serra y otros 14 exaltos cargos, entre los que está el exdirector general Adolf Todó, por un 'agujero' de 720 millones de euros en operaciones inmobiliarias realizadas entre los años 2000 y 2007, han explicado fuentes fiscales a Europa Press.
Según publica este miércoles 'El Periódico', Anticorrupción ha presentado la denuncia por un presunto delito de administración desleal por unas irregularidades que detectó el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), y el texto constata que en ese periodo la caja "ejecutó una intensiva y creciente actividad inversora inmobiliaria", a través de una filial, en España, Polonia y Portugal.
El fiscal sostiene que en la mayoría de los casos el aval y la fiabilidad que la entidad dio a estos proyectos se otorgó confiando en la palabra de los socios copartícipes de las inversiones, sin previos informes externos independientes y "sin realizar el análisis exhaustivo de aspectos tales como la solvencia y capacidad de los asociados y su grado de implicación con aportación de recursos propios".
Según 'El Periódico', el fiscal ha detectado otra anomalía en aproximadamente la mitad de los proyectos: posibles conflictos de interés, ya que los activos adquiridos ya eran propiedad del socio copartícipe o de sociedades o personas vinculadas a él y, en algunos casos, se habían adquirido los solares solo días antes.
Además, la comisión ejecutiva de la caja aprobó proyectos sin tener competencias para ello, dado que por el importe de la operación correspondía hacerlo al consejo administración, y la Fiscalía también apunta que la decisión del consejo de administración del 29 de abril del 2008 de separación de socios ante la situación de crisis inmobiliaria "fue un error" que supuso un mayor perjuicio, añade el rotativo.
