Las empresas municipales estaban llamadas a encontrar pronto la solución a las dificultades que, desde el equipo de Gobierno actual, anunciaban venían arrastrando desde hace años.
Las intenciones de revertir su realidad han encontrado una escasa o nula respuesta por parte de estos, que aventuran un final cuanto menos predecible por la inviabilidad de dichas entidades municipales.
Las mismas que se iban a remunicipalizar sin que, hasta la fecha, ninguna de ellas haya sido absorbida ni solucionado su problemática.
Las noticias facilitadas por parte del propio Ayuntamiento retratan que su futuro va a ser complicado por la insuficiencia gestión con la que están llevando a cabo un proceso que parece, a día de hoy, estancado e inamovible y que, lejos de encontrar una respuesta satisfactoria, están hallando más inconvenientes y problemas que añadir.
Lo cierto es que los que empiezan a pagar la situación inestable son los trabajadores que acumulan nuevamente atrasos en sus nóminas, tal y como ya ocurriera en el último tramo de 2014 con paros inclusive.
Los trabajadores de Suvipuerto, la empresa municipal de vivienda de nuestra ciudad, no han cobrado parte de la nómina de enero y no tienen previsto a que le paguen la nómina de febrero, y lo más preocupante, sin respuesta y sin ninguna opción por parte del equipo de Gobierno de poder seguir cobrando en los próximos meses.
Una paga...
A todo esto hay que añadir también el impago de la paga extraordinaria de diciembre, la misma que se anunciase a bombo y platillo fechas atrás después de haberse recuperado tras la anulación por parte del Gobierno central en 2012.
La inestabilidad y la incertidumbre crece en los trabajadores que ven como el tiempo pasa y que las promesas realizadas no ya no solo no encuentran la solución prometida, sino que incluso ya no hallan ni el contacto necesario para apaciguar la preocupación reinante en la plantilla.
Los empleados municipales sí han podido recuperar dicha paga, a excepción, como decimos de los empleados de la empresa de viviendas municipal de El Puerto.
A modo exculpatorio y avisador, se conocían las demandas judiciales que la empresa deberá hacer frente en las próximas fechas, con un total de más de 615.000 euros que hay que abonar por sentencias judiciales y que responden a pleitos.
