Presentan un informe de "Cómo ha influido la crisis/estafa en Ronda"

La Delegación de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Ronda ha dado a conocer esta mañana junto a la Asociación ‘Montaña y Desarrollo’, los datos que arroja el estudio que ha realizado este colectivo mediante una subvención de la Consejería de Salud y Políticas Sociales sobre cómo ha influido la “crisis/estafa” en el municipio de Ronda.

El responsable municipal de esta área, Álvaro Carreño, ha agradecido al secretario de la asociación, Javier Robles, el trabajo realizado para analizar socialmente la población rondeña, afectada en los últimos 10 años de crisis “por los recortes, la austeridad y las políticas impuestas por los distintos gobiernos y estamentos europeos”, lo que, a su juicio, está suponiendo un “deterioro” de las políticas sociales y del Estado de Bienestar.

Por su parte, Robles ha recordado que Montaña y Desarrollo comenzó el 15 de septiembre un proyecto en la barriada de La Dehesa y El Fuerte para dar a conocer cómo estaba afectando la pobreza al municipio, para lo cual han llevado a cabo este estudio sobre la que denominan “crisis estafa”.

Dicho informe, basado en datos del Observatorio Argos, se estructura en siete temas: territorio y población, personas con empleo, impacto de la crisis/estafa en los salarios, personas en paro, la pobreza invisible, dificultades que sufren las personas y las familias, y la última puerta antes de caer en la sociedad del malestar. A ello se suma un anexo sobre la demografía y el nivel de estudio en las barriadas de La Dehesa y El Fuerte, así como el estudio del presupuesto municipal del año 2016 desde el punto de vista social que presentaron recientemente.

Entre los datos que arroja el estudio, Robles ha destacado que la densidad de población no ha crecido en Ronda en los últimos 15 años. El índice de juventud se sitúa en el 18%, dos puntos por encima de la media provincial y un punto sobre el regional, aunque “para que una población estuviera bien estructurada tendría que estar por encima del 33%”, matiza.

En cuanto a la dependencia demográfica, que supone una relación indirecta del número de personas dependientes económicamente por cada 100 personas activas, el índice se sitúa en el 48%. A ello se suma la dependencia familiar, estimación indirecta del número de personas mayores de edad que dependen económicamente de sus hijos, que sube hasta el 67%, por lo que “más de la mitad de la población de Ronda depende o bien de la población activa o de sus hijos”, subraya Robles.

En relación al empleo, del estudio se desprende que la población ocupada en Ronda se concentra en el sector servicios, y que de los 2.552 establecimientos que existen en la actualidad, más de la mitad no cuentan con personas asalariadas. Destaca la asociación Montaña y Desarrollo en este punto la desaparición de 123 establecimientos desde el año 2008.

Con respecto a los nuevos empleos que se crean, alerta de que básicamente se trata de empleo temporal, en el 98,35% en el caso de los hombres, y en el 96% de las mujeres. Robles señala asimismo que el SMI está “muy por debajo” de lo que la UE marca como salario digno en 2016, fijado en 800€.

En definitiva, el estudio arroja una situación de “emergencia social grave”, creciendo la brecha entre ricos y pobres, consecuencia a juicio de Robles “de las políticas nacionales de PSOE y después de PP”.

La asociación entiende que una de las causas de la crisis estafa ha sido las cláusulas suelo de las hipotecas y los desahucios, por lo que pide al Ayuntamiento que se posicione “porque los bancos van a hacer lo posible para no devolver el dinero cobrado de más”, asegura Robles. En este sentido se prestan de forma gratuita a ofrecer un servicio de asesoramiento extrajudicial a las familias afectadas.

Al respecto, Carreño ha recordado que el próximo 15 de febrero se trasladará a la ciudad un técnico de Facua, José Luis Sánchez, para ofrecer una charla gratuita sobre la situación actual de las clausulas suelo, cuales son los derechos de los afectados e informar sobre la última sentencia dictada, el real decreto aprobado por el Gobierno y la vía extrajudicial de reclamación.