Las noticias oficiales sobre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que ha planteado el Banco Popular en toda la geografía española se van conociendo a cuentagotas. Mientras, sus trabajadores viven en un estado permanente de incertidumbre, a la espera de saber si las muchas horas extra “no cobradas” que han estado realizando se van a ver recompensadas con su inclusión en la lista negra de esas 3.000 personas que se prevé que se verán afectadas por el ERE, bien a través de prejubilaciones o con la carta de despedido.
A la espera de cifras oficiales, los sindicatos UGT y CCOO han denunciado este jueves que en la capital serán más de 20 los despedidos, y la red de oficinas del banco pasará de cuatro a dos -permanecerían las de Méndez Núñez e Isla Chica-, a lo que hay que sumar también el cierre de la sede administrativa, en Plus Ultra. Asimismo, en la provincia se cerrarán otras dos sucursales, pasando de 22 a 20.
Por ello, este jueves se han concentrado a las puertas de la oficina de Méndez Núñez, donde el secretario de Servicios de CCOO en Huelva, Juan Carlos Liébana, ha denunciado que “se ha planteado un ERE con medidas traumáticas, no se ha tenido en cuenta la voluntad sindical a la hora de los despidos, y creemos que ha sido un acto de rebeldía de la empresa hacia los trabajadores, ya que realmente hace pocos días se realizó un reparto de dividendos entre los accionistas”.
Por su parte, José Carlos Piosa, responsable del Sector Financiero de UGT en Huelva, ha denunciado que “aquí estamos pagando nada más que la mala gestión de los dirigentes del Banco Popular; nada más que hay que remontarse a años atrás, donde estábamos hablando de una entidad que era una de las punteras en el sector, y ahora estamos con unos recortes tremendos, obligando a la gente a prolongar las jornadas”. Por ello, insiste en que “esto es una consecuencia pura y dura de una nefasta gestión por parte de los administradores de esta entidad”.
Por el momento, se ha creado una mesa negociadora a nivel estatal, y dependiendo de cómo se vayan desarrollando los acontecimientos, así actuarán. “Tenemos claro que vamos a defender nuestros derechos y vamos a hacer lo que haya que hacer, llegado el momento, pues los sindicatos mayoritarios estamos a piñón en este tema”.
En primera persona
Jorge Piosa es trabajador de la sucursal del Banco Popular en Méndez Núñez y delegado de UGT, y según relata, “el ambiente es de mucha incertidumbre, porque las noticias nos están llegando prácticamente antes por la prensa que por las negociaciones”.
Así, explica que “estamos desmoralizados completamente porque todo el esfuerzo que se está haciendo con horas extraordinarias no cobradas que se realizan en el Banco Popular por norma, estamos viendo que la recompensa que nos están dando es esto”. Por ello, insiste en que el estado generalizado de la plantilla es de “decepción, desencanto y mucha incertidumbre”.
Incertidumbre no sólo por los despidos que se avecinan, sino por “la que le espera al sector en un futuro próximo, porque el ERE nos va a afectar a todos directa o indirectamente, con más carga de trabajo por el cierre de oficinas, o bien porque seas despedido, ya que con la última reforma laboral los jóvenes, con 20 días por año trabajado, imagina cómo quedamos”, lamenta Piosa.
La evolución de la entidad bancaria en la capital onubense no puede ser más desoladora. “Hace siete años había cinco oficinas del Banco de Andalucía más tres del Banco Popular, es decir, ocho oficinas. Ahora hay cuatro y se van a quedar en dos, totalmente desbordadas por la cantidad de negocio”. Sin embargo, al banco no le salen las cuentas.
