El Juzgado de Instrucción 13 de Málaga ha acordado el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones contra el secretario de Política de Podemos, Íñigo Errejón, por la querella por estafa presentada por Manos Limpias por su contrato en la Universidad de Málaga.
Esta resolución se produce después de que la fiscalía malagueña solicitara el sobreseimiento provisional "por no resultar debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de esta causa", según el escrito del Ministerio Fiscal al que ha tenido acceso Efe.
La fiscalía malagueña emitió un informe en el que daba cuenta de un auto de fecha 13 de abril de este año del Tribunal Supremo que archivaba otra querella interpuesta por Manos Limpias por los mismos hechos.
La Universidad de Málaga abrió un expediente a Errejón para determinar si incumplió su obligación laboral cuando participaba en un proyecto investigador y si vulneró la Ley de Incompatibilidades. A raíz de ello, la institución académica propuso sancionarle con la inhabilitación para realizar trabajos de investigación tras rechazar sus alegaciones.
Aquel proyecto investigador lo dirigía como profesor de Economía Aplicada el ahora cabeza de lista de Podemos al Congreso de los Diputados, Alberto Montero, al que también se le abrió expediente disciplinario y para el que se propuso un apercibimiento por falta leve. En el caso de Errejón se planteó la inhabilitación para trabajar en la Universidad de Málaga en proyectos investigadores de similares características al que motivó el expediente.
El instructor del expediente argumentó que Íñigo Errejón cometió dos "faltas disciplinarias" por "no haber desarrollado su trabajo conforme a los términos y cláusulas" establecidas en su contrato y "no haber solicitado la compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas desarrolladas durante su vigencia".
El contrato de Íñigo Errejón con la Universidad era para el estudio "La vivienda en Andalucía: diagnóstico, análisis y propuestas de políticas públicas para la desmercantilización de la vivienda" financiado por la Junta andaluza y se estipuló un sueldo de 1.825 euros al mes por 40 horas semanales.
Fue suspendido provisionalmente de empleo y sueldo por incumplir ese contrato como investigador externo tras la apertura del expediente a finales del 2014. Para su puesto se fijó un perfil que exigía ser doctor en Ciencias Políticas y a la convocatoria únicamente concurrió Errejón, que ganó el contrato en marzo del 2014.
