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San Fernando

De Llera destaca la "funcionalidad y modernidad" del nuevo juzgado

El consejero de Justicia y el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, han visitado este lunes las instalaciones acompañados por la alcadesa y el presidente del TSJA, Lorenzo del Río.

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El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia y Administración Local, Manuel Jiménez Barrios, ha destacado que las nuevas instalaciones judiciales de San Fernando permitirán "desarrollar una justicia moderna". Según ha apuntado, la Junta ha saldado una "asignatura pendiente" con esta localidad con la puesta en marcha de la nueva sede de los juzgados.

En este sentido, según ha indicado la Junta, Jiménez Barrios ha valorado esta iniciativa que se produce "en un contexto de recursos públicos escasos", al tiempo que ha subrayado "el papel fundamental" que han tenido la alcaldesa, Patricia Cavada (PSOE), y el delegado de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, "a la hora de buscar una solución definitiva para la ubicación de la sede judicial".

Por su parte, el consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha destacado la "funcionalidad, modernidad, la mejor ubicación y el importante incremento en la superficie útil" del Edificio Real, nueva sede de los tres juzgados de primera instancia e instrucción, el registro civil y el servicio de notificaciones y embargos de la localidad gaditana de San Fernando.

Las nuevas dependencias, ubicadas en la calle Real, cuentan con 1.800 metros cuadrados y han sido objeto de obras de adecuación que se iniciaron en julio de 2015. La nueva sede, que presta servicio a los 96.000 habitantes del municipio, está bien comunicada mediante el transporte público y cuenta con aparcamientos cercanos.

La Consejería de Justicia e Interior ha arrendado el local por un período de cuatro años, lo que representa un coste global de más de 620.000 euros. El mobiliario adquirido para su puesta en funcionamiento ha supuesto una inversión de 151.000 euros, según ha explicado el consejero de Justicia e Interior por lo que la inversión de la Consejería supera los 770.000 euros.

En la nueva sede judicial prestan servicio tres jueces, tres fiscales, tres letrados de la Administración de Justicia y otros 27 funcionarios de los cuerpos de gestores, tramitadores y auxilio. La plantilla, ha destacado el consejero, está cubierta en su totalidad y cuenta con un funcionario de refuerzo del cuerpo de tramitación, medida prorrogada de forma trimestral e ininterrumpida desde el 1 de julio de 2012.

El equipamiento fue renovado durante 2014 y 2015, años en los que se adquirieron 36 ordenadores, nueve impresoras locales, ocho impresoras multifuncionales, dos sistemas de grabación de vistas y dos videoconferencias. De Llera ha añadido que para el nuevo edificio se ha realizado un estudio de cobertura para las líneas móviles y, dado que no era la adecuada, se han instalado repetidores para optimizarla.

La tasa de resolución, tanto de la jurisdicción civil como de la penal, ha sido positiva durante el año 2015. En el ámbito civil, ha dicho De Llera, cada órgano resolvió 962 asuntos de media, mientras el módulo máximo de entrada establecido era de 550 asuntos anuales. En el ámbito penal, cada órgano resolvió una media de 2.529 asuntos, situándose el módulo máximo penal en 2.470 asuntos.Por último, De Llera ha destacado que, el importante esfuerzo que están desarrollando los operadores judiciales de San Fernando y el que está realizando la Junta de Andalucía en modernización y en infraestructuras debería verse acompañado por la creación de nuevos órganos judiciales y más jueces por parte del Gobierno central y que no ha pasado de meros anuncios electoralistas.

Expedientes en la basura

Preguntado por los expedientes judiciales hallados en contenedores de basura de San Fernando, Jiménez Barrios ha recordado que se abrió un expediente de "análisis y búsqueda de lo ocurrido". En cualquier caso, ha asegurado que no se trata "de ningún material sensible".

El vicepresidente de la Junta ha manifestado que con la investigación persigue aclarar si lo ocurrido fue "fruto de una negligencia particular", ya que los protocolos relacionados con la destrucción de documentos son "muy estrictos".

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