El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el tributo que cualquier andaluz debe abonar a la Junta cuando el patrimonio recibido de una herencia supera los 175.000 euros, amenaza con monopolizar durante los próximos meses buena parte de la batalla política que libran a diario los grandes partidos. El PSOE comparte la necesidad de suavizar su articulado porque fue un compromiso de investidura de Susana Díaz y porque Ciudadanos lo incluyó como exigencia en el pacto que abrió las puertas de San Telmo a Susana Díaz, pero no quiere oír hablar, de momento, de rebaja antes de 2017. Los de Marín insisten en que sea ya y han lanzado su oferta de duplicar la base exenta del gravamen hasta los 350.000 euros y advierten que la reforma debe aplicarse en 2016.
El tercer invitado al debate es el PP, que tras recibir el no rotundo del Parlamento a sus sucesivas proposiciones de ley para eliminar o bonificar el impuesto casi en su totalidad ha iniciado una campaña de recogida de firmas para evidenciar “el malestar ciudadano”. En defensa de su objetivo, los populares esgrimen dos argumentos: son miles los andaluces que rechazan herencias por no poder afrontar un impuesto que tachan de “desorbitado” e “injusto” (casi 5.000 según el PP en 2015) y, además, existiría una fuga anual de contribuyentes que prefieren empadronarse en otras comunidades, especialmente en Madrid, para que al fallecer sus descendientes puedan regatear el pago del impuesto.
La Junta ha rebatido durante los últimos días con datos de la Consejería de Hacienda ese doble argumento. En ambos casos las cifras estarían, según sostiene la Junta, manipuladas y no se ajustarían a la realidad. Con contundencia se insiste, además, en que sólo el 7% de quienes heredan terminan pagando.
El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) sugería ayer, sin embargo, que no todo está tan claro como se traslada desde la Administración regional. El Plan de Control Tributario para 2016 publicado este martes, una especie de hoja de ruta contra el fraude fiscal, incluye en el apartado que afecta al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones una mención expresa a la necesidad de fomentar el “cruce e intercambio de información con la AEAT” para detectar “posibles deslocalizaciones en el ámbito de este impuesto, en especial por cambios ficticios del domicilio fiscal a otras comunidades autónomas que han aprobado importantes reducciones en la base imponible u otros beneficios fiscales”. Traducido, la Consejería de Hacienda pone en guardia a sus servicios de Inspección para frenar la intención de quien pretenda dar el salto a otra comunidad autónoma para sacudirse la carga fiscal andaluza, más elevada.
¿Hay o no deslocalización?
Esa indicación entraría en colisión directa con el argumentario de la Junta de Andalucía, que ha negado una y otra vez durante los últimos días al Partido Popular que haya deslocalización o fuga fiscal de contribuyentes hacia el norte. De hecho, el propio vicepresidente, Manuel Jiménez Barrios, negaba ayer mismo ese extremo tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno. Según sus datos, esa incidencia sería una mera anécdota porque en 2014, por ejemplo, la Consejería de Hacienda sólo contabilizó 81 casos de andaluces que cambiaran de domicilio en los dos años previos a la tributación del Impuestos, y de ellos sólo 17 emigraron a Madrid, el gran ejemplo esgrimido por el PP como destino porque la exención del gravamen es casi del 100%. La Junta alega que los cambios de domicilio son simple movilidad laboral.
Montero, “perpleja” ante la crítica del PP
La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, pasó ayer por el estudio de Acento Andaluz, de Ondaluz TV, para insistir en que no entiende la queja del PP cuando pudo haber reformado el impuesto a nivel nacional con su mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados y no lo hizo. En esa línea, aseguró sentirse “perpleja” ante la posición de Moreno Bonilla e insistió en que la reforma se aplicará en 2016 si las cuentas lo permiten.
