La Audiencia Nacional ha rechazado la petición del Partido Popular (PP) de recurrir el auto de apertura de juicio oral en el que el juez instructor José de la Mata impuso a la formación política una fianza de 1,2 millones de euros como responsable civil subsidiario por haberse financiado con 'cajas B' "desde 1990 hasta, al menos, el año 2008".
En un auto, conocido este martes, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal desestima el recurso de queja presentado por los 'populares' contra la decisión del juez instructor de inadmitir el recurso de apelación que presentaron contra el auto de apertura de juicio oral. Los magistrados argumentan que el artículo 783.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que "no cabe el recurso pretendido por la parte recurrente".
Además, los magistrados califican la "indefensión" alegada por el PP como "simples manifestaciones defensivas, sin sustrato alguno" por cuanto pueden combatir este extremo durante el juicio y porque la decisión de De la Mata ha sido adoptada después de "una larga investigación en la que el instructor ha obtenido cabal conocimiento, siempre desde la perspectiva indiciaria, acerca de la cifra que por responsabilidades civiles subsidiarias pudiera ser condenada, en su caso, la formación política".
El juez De la Mata abrió juicio oral en mayo pasado contra los extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, el exgerente del PP Cristóbal Páez, los socios de Unifica, Gonzalo Urquijo y Belén García, y su empleada Laura Montero. Además, consideró que el partido debe ser juzgado como responsable civil subsidiario de los presuntos delitos que estos habrían cometido.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 estableció una fianza civil de 1,2 millones de euros para la formación presidida por Mariano Rajoy. En concreto, reclamaba algo más de un millón de euros por el Impuesto de Sociedades de 2007 que dejó de abonar la empresa Unifica, que renovó Génova, y 220.000 por la cantidad que habría dejado de ingresar ante Hacienda por el Impuesto de Sociedades de 2008, en el que recibió donaciones presuntamente irregulares por valor de 1.055.000 euros.
