Son más de 800 negocios los perjudicados en el conjunto de la provincia y hay 2.400 empleados que dependen de ellos.
El fin de los veinte años de prórroga para estos contratos -los suscritos antes del 9 de mayo de 1985- concluye este 31 de diciembre. Así lo establece la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994.
