El exalcalde de Castril (Granada) José Juan López Ródenas ha defendido este martes su gestión ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción único de Huéscar por supuestas irregularidades detectadas en la gestión de los fondos públicos recibidos por la fundación Centro José Saramago de la localidad, de la que fue gerente y ha confiado en el archivo del caso.
En declaraciones a Europa Press, López Ródenas ha indicado que durante su comparecencia ha tenido la oportunidad de explicar esas supuestas irregularidades en la financiación del centro o en los talleres de empleo, aportando incluso documentación que, según ha dicho, avala la legalidad de todas las operaciones en torno a esta fundación, creada en 2005 con fondos de la Diputación y la Universidad de Granada y que "nada tiene que ver" con la que tiene su sede en Lanzarote y en Lisboa y que está vinculada al Nobel José Saramago.
El exalcalde ha criticado además la investigación de la Fiscalía, que motivó la apertura de diligencias, porque se ha basado en "suposiciones" para presentar su denuncia, ya que "ni siquiera aportó los expedientes" disponibles sobre las cuentas o las obras que se acometieron para reformar el centro, con una subvención aportada por el Ministerio de Cultura al Ayuntamiento de Castril, y no a la fundación.
Asimismo, el Ministerio Público le atribuye además haber cometido una ilegalidad con una nave de su propiedad en la que se instalaron los hornos del vidrio, cuando se trata de una "cuestión que ya fue denunciada en su momento y archivada por la propia Fiscalía".
Por otra parte, el exalcalde ha indicado que las cuentas del centro estaban "muy claras" y que de ellas se encargaba una empresa externa que ya ha aportado la documentación relacionada a requerimiento del propio juzgado. "Las cuentas han quedado claras, nosotros teníamos que justificar las subvenciones que recibíamos y así se hizo", ha mantenido López Ródenas, que ha lamentado el "daño" que se le está haciendo al centro, sembrando "la duda" sobre su contabilidad.
El exregidor, que ha confiado en que el juez haya recibido este mismo martes "argumentos suficientes para archivar", ha indicado además que no ha querido hablar de este asunto aún con la viuda del premio Nobel, Pilar del Río, que "no quiere saber nada de Castril" tras el "montaje" sobre la factura de su boda en la localidad.
"Ella es consciente de que hemos trabajado con total honestidad, y lo triste es que no haya encontrado en Castril el apoyo que hubiera esperado. Es indudable el daño que se le ha hecho al proyecto, y es muy duro para mí el dolor que se le ha causado a Pilar, cuando tuvieron tanta generosidad con el pueblo", ha concluido.
LA DENUNCIA DE LA FISCALÍA
Su comparecencia se ha producido después de que la Fiscalía de Granada le denunciara por los posibles delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude en subvenciones y falsedad documental.
Según consta en la denuncia del Ministerio Público, a la que ha tenido acceso Europa Press, la "ausencia de contabilidad alguna que permita discernir de manera indiciaria el destino de los fondos aportados por las instituciones públicas, la desaparición de los documentos y la carencia de documentación alguna en los archivos de la fundación" permiten fundamentar la existencia de estos delitos, presuntamente cometidos por quienes ocuparon "los cargos de dirección y control de los fondos aportados" por el Servicio Andaluz de Empleo y la Consejería de Empleo de la Junta y la Diputación de Granada.
La Fiscalía señala además que la fundación, constituida en 2005 (con la aportación económica de 120.000 euros por parte de Diputación y Universidad de Granada a partes iguales), recibió importantes cantidades entre 2008 a 2012, entre otros por la Diputación, el Ayuntamiento de Castril, el SAE y el Ministerio de Cultura, para llevar a cabo determinadas actuaciones de las que "en modo alguno consta justificación o de las que existe una irregular justificación".
"No consta que los gestores de la fundación hayan justificado en momento alguno el destino de esas cantidades ni consta la existencia real de los bienes a cuya adquisición o empleo fueron destinadas las cantidades entregadas", señala el fiscal en su denuncia, que motivó la apertura de diligencias en el Juzgado de Húescar.
Además, según incide, la fundación no ha presentado la memoria anual a la que formalmente está obligada, ni ninguno de los ejercicios desde su constitución, salvo los que constan en los ejercicios 2000 y 2010, con cifras sin embargo que "por otro lado no parecen concordar con la realidad a tenor del informe de auditoría encargado por el Ayuntamiento de Castril".
Incluso, señala la posibilidad de existencia de facturas presuntamente falsas con las cantidades percibidas en la denominada rehabilitación ampliación del centro con cargo a la subvención de 150.000 euros que aportó el Ministerio de Cultura para esta finalidad "cuando al parecer dichas obras no constan efectuadas en su totalidad".