El Ayuntamiento quiere hacer varias aclaraciones con respecto a las declaraciones vertidas en distintos foros por la Plataforma “APEMSA no se Vende”, en las que se imputa de un supuesto delito de prevaricación a varios miembros del Consejo de Administración de APEMSA y del entonces gerente de la empresa municipal, en relación a la prórroga de los contratos de mantenimiento del alcantarillado y de la EDAR a la empresa Aqualia.
El Consistorio quiere hacer constar que, a fecha de hoy, ni en el Ayuntamiento ni en APEMSA se ha recibido ninguna notificación al respecto, ni del Juzgado ni de la Fiscalía; por tanto, apenas puede haber pronunciamiento sobre ello, pues se desconocen los términos exactos del escrito.
No obstante, desea aclarar que la prórroga de los contratos de Aqualia, a los que se refieren los miembros de la citada Plataforma, contó en todo momento con el respaldo de los pertinentes informes técnicos, jurídicos y económicos.
Aunque se desconocen los términos exactos del escrito redactado por la Fiscalía y, teniendo en cuenta que “la prevaricación es un delito que consiste en que la autoridad o funcionario público dicte una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial, a sabiendas de que dicha decisión es injusta”, y que uno de sus principales requisitos es que “la persona que realiza la prevaricación debe ser una autoridad o funcionario”, se entiende que no sería aplicable a los miembros de un Consejo de Administración de una Sociedad Anónima.
De hecho, si hubiera habido irregularidad alguna sería administrativa y no prevaricación y menos aún malversación de fondos de públicos, que siempre implica el ánimo de lucro.
Así mismo, resulta extraño una imputación por este concepto a una parte de los miembros del Consejo de Administración y no a la totalidad, máxime cuando el resto de los consejeros, es decir, María Gómez García, representante de IP (ahora CP), Matilde Roselló del Castillo, de IU y José Manuel Jiménez Lavi, del PSOE, se abstuvieron y no se opusieron a la decisión tomada, ni plantearon en ningún momento irregularidad alguna en la tramitación. Desde el Ayuntamiento se expresa el deseo de que no se realice un juicio paralelo, pues una imputación no es una condena.
Finalmente, se comunica que el Consistorio y la propia empresa municipal pondrán el asunto en manos de sus servicios jurídicos.
