El Grupo Popular en la Diputación de Sevilla va a proponer en el próximo Pleno que la corporación provincial inste a la Junta de Andalucía a aclarar qué figura --consorcio, agencia o algún otro-- quiere que gestione el transporte metropolitano en el área de Sevilla, que "a diario es utilizado por miles de personas y cuyo futuro está en el aire".
El portavoz del PP en la Diputación, Eloy Carmona, ha indicado en una nota que, con su propuesta, "los 'populares' queremos, además, que la Junta de Andalucía aclare en qué situación quedarían los ayuntamientos, o la propia Diputación, si optan por no continuar en el Consorcio Metropolitano de Transporte".
"El futuro del consorcio está en el aire y también lo está la movilidad de las miles de personas que a diario lo utilizan", ha alertado Carmona, quien ha considerado "imprescindible" que el Gobierno andaluz aclare "qué herramienta va a gestionar el transporte metropolitano".
El portavoz 'popular' ha subrayado que "la Junta tiene que prestar los servicios a los que está obligada y, sobre todo, tiene que solucionar los problemas de transporte del área metropolitana, que en los últimos meses ha visto como el consorcio encarecía el precio de sus billetes y reducía el número de autobuses y de recorridos privando a los sevillanos del transporte que necesitan en sus desplazamientos".
Carmona ha explicado que el Consorcio Metropolitano de Transporte está integrado por la Junta (45%), por la Diputación (5%), y por un total de 45 ayuntamientos de la provincia (50% restante, teniendo el de la capital el 24,37%).
"El pasado día 3 se convocó el Consejo de Administración del Consorcio en relación a la incidencia de la Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. En dicho Consejo se pedía a cada entidad local consorciada que en el plazo de un mes se pronunciara sobre su continuidad o no en este consorcio, entendiéndose que si en este plazo no existía un pronunciamiento firme, desistían de su pertenecía al mismo", ha señalado.
No obstante, Carmona ha incidido en que "estos puntos de acuerdo quedaron finalmente sobre la mesa, ya que existe un informe jurídico del secretario del consorcio, que pone en duda la legalidad del procedimiento, puesto que, entre otras cosas, a las entidades consorciadas se les pide que se pronuncien sin conocer como quedaría exactamente su situación".
Ante esa situación, en su opinión, "la Junta está obligada, por competencias y por el compromiso con la provincia, a especificar qué quiere hacer en el futuro con la movilidad entre los municipios del Área Metropolitana".
