La Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía ha ahorrado 848.818 euros en el último año en los alquileres de las sedes judiciales de la provincia de Sevilla, lo que supone una reducción del 13 por ciento del gasto destinado a estos arrendamientos.
En un comunicado, la Junta ha señalado que, en concreto, se ha pasado de un gasto de 6,57 millones en 2012 a 5,72 en 2013, reducción que representa casi un tercio de los 2,74 millones de euros que se ha ahorrado en el último año la Institución andaluza en el pago de alquileres de sedes judiciales en toda Andalucía.
Así, ha apuntado que para conseguir esta reducción de gastos, la Administración autonómica ha renegociado la cuantía de los arrendamientos de 14 sedes judiciales en la capital y en la provincia de Sevilla, ubicadas en Alcalá de Guadaíra, Coria del Río, Lora del Río, Sanlúcar la Mayor, Utrera y la capital hispalense.
De este modo, ha recordado que, en la capital y en la provincia, la Junta cuenta con un total de 27 sedes judiciales, en su mayoría en régimen de propiedad (16), mientras que el resto (11) se encuentran en régimen de arrendamiento.
Según la Consejería, este ahorro ha sido posible gracias a "los positivos resultados" del proceso de negociación que la Junta mantiene con los propietarios de los edificios judiciales en régimen de alquiler, una negociación cuyo coste económico "ha registrado una evolución a la baja en consonancia con la realidad presente del mercado inmobiliario y con los precios vigentes actualmente, que reflejan un valor inferior al de años anteriores".
Además, ha asegurado que a este ahorro en alquileres ha contribuido la renovación del contrato de arrendamiento del edificio Noga, una de las sedes más grandes en alquiler que la Junta destina a uso judicial en la capital, con un total de 12.000 metros cuadrados. El nuevo contrato para su alquiler se renovó el pasado año con importantes mejoras y condiciones y estará vigente hasta 2017.
En este sentido, la Junta ha apuntado que entre las ventajas complementarias de este nuevo contrato, los propietarios del Noga han ampliado la oferta de superficie para uso judicial en el edificio, poniendo a disposición de la Consejería 150 metros cuadrados más en dicha infraestructura, situados en la planta baja.
Asimismo, se ha renovado el contrato con los propietarios del edificio Viapol, donde la Consejería tiene alquilado 9.000 metros cuadrados, junto a otros 5.000 metros cuadrados que son ya propiedad de la institución andaluza. En arrendamientos en la capital, la Administración autonómica dispone de otros dos inmuebles más en los números 29 y 31 de la avenida de la Buhaira.
En la provincia, las sedes judiciales en alquiler son las de Lora del Río, Sanlúcar la Mayor, Alcalá de Guadaíra, Utrera y Coria, mientras que los edificios de Morón, Lebrija, Dos Hermanas, Écija, Marchena, Estepa y Carmona son de titularidad pública. Por otra parte, los inmuebles que acogen los juzgados de Cazalla de la Sierra y Osuna han sido cedidos para este uso por parte de sus respectivos ayuntamientos.
El objetivo de propiciar mayores ahorros en estos contratos de alquiler "ha sido uno de las prioridades del gobierno andaluz en los últimos años, una estrategia que se ha visto plasmada y reforzada de manera especial" tras la aprobación del Plan Económico-Financiero de Reequilibrio de la Junta de Andalucía 2012-2014.
Según la Consejería, este Plan nace del "compromiso asumido por el gobierno de Andalucía de cumplir con los objetivos establecidos por el Estado en materia de estabilidad presupuestaria y control del déficit para todas las Administraciones Públicas".
La programación de las infraestructuras judiciales ha estado presidida en los últimos años por "una apuesta por el régimen de propiedad de las sedes judiciales y por una progresiva disminución de los arrendamientos, siempre dentro de las exigencias de la normativa de contratación pública y de la disponibilidad presupuestaria para acometer inversiones en infraestructuras en la difícil coyuntura económica actual".
De la misma manera, la Junta ha apuntado que esta iniciativa se sitúa también en el objetivo del gobierno andaluz de "impulsar la mejora continua y la modernización de los edificios judiciales de la provincia".
