La Fiscalía ha pedido a la juez del caso Mercasevilla, Mercedes Alaya, que tome declaración como testigos a un abogado y dos trabajadores de la Gerencia de Urbanismo cuyo testimonio cree necesario para "completar la imputación" de varios de los 16 acusados por la venta de los terrenos de la lonja.
La Fiscalía, en un escrito al que ha tenido acceso Efe, pide que declaren como testigos el abogado Armando Rozados, que realizó varios trabajos de asesoría para Mercasevilla; Domingo Vera Goñi, director de Administración de la Gerencia de Urbanismo cuando estaba dirigida por el imputado Manuel Marchena; y el jefe de la sección técnica de Licencias Juan Mauduit Morón.
La petición de la Fiscalía está contenida en un recurso de reforma contra el auto con el que la juez Mercedes Alaya concluyó la instrucción de la causa por la venta de los terrenos e imputó en la misma al ex primer teniente de alcalde de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos (IU) y otras 15 personas.
La juez entiende que la venta de los terrenos fue contraria al interés general, pues fue adjudicado a la inmobiliaria Sanma, que ofertaba 106 millones de euros frente a los 158 de su competidora Noga.
La Fiscalía pide además abrir un nuevo sumario en el caso Mercasevilla, que sería el sexto, referido a una supuesta factura falsa de 16.938 euros aparecida en la causa por la venta de suelos a la empresa Sanma.
La nueva causa se refiere a una factura que los exdirectivos del mercado Fernando Mellet y Daniel Ponce cobraron a la sociedad Larena 98 "bajo el falso concepto de gastos por vallas publicitarias" y que en realidad respondía a dos informes sobre la viabilidad de una estación de ITV en los terrenos de Mercasevilla, pagada por la lonja, "si bien su importe real era menor que el facturado", según el fiscal.
Este es el segundo sumario del caso Mercasevilla que llega a la fase de calificación, tras el referido a la petición de una comisión ilegal de 450.000 euros como condición para adjudicar la Escuela de Hostelería de la lonja, que concluyó con una condena de 21 meses de inhabilitación para los exdirectivos del mercado Fernando Mellet y Daniel Ponce y el exdelegado de Empleo de la Junta Antonio Rivas.
Por otra parte, los actuales responsables de Urbanismo han informado a la juez que, según la estructura orgánica vigente en 2008, el Servicio de Licencias tenía como función tramitar los expedientes y era quien debía recabar todos los "informes necesarios para su otorgamiento", pese a que en la causa están imputados varios trabajadores de Vía Pública.
