El presupuesto de la Diputación de Cádiz para este año entrará en vigor, tras rechazar las alegaciones presentadas por el Grupo Socialista de la Corporación durante un pleno extraordinario y urgente celebrado esta mañana. Juan Antonio Liaño, responsable del Área de Economía, Hacienda y Contratación, ha defendido el rechazo a las alegaciones con el argumento de que aluden a una legislación derogada y que plantean una propuesta de gastos sin atender a los ingresos, limitados y sometidos a obligaciones legales. “Son una carta a los Reyes Magos”, sentenció.
El presupuesto de la Diputación para 2014 aprobado en el Pleno celebrado el pasado 21 de diciembre de 2013 asciende a 246.602.443,87 euros y podrá entrar en vigor próximamente, cumplido el trámite de su publicación oficial, una vez rechazadas las alegaciones presentadas por el PSOE. El resultado de la votación en este Pleno extraordinario fue de 16 votos a favor del presupuesto y 11 en contra del mismo. No han estado presentes los representantes de Izquierda Unida, Partido Andalucista y Foro.
Juan Antonio Liaño ha reiterado que el presupuesto de la Diputación hace hincapié en tres grandes líneas de gestión política para la provincia, como son el fomento de las políticas de empleo, atender a las necesidades en infraestructuras y servicios públicos y cubrir las demandas de las políticas sociales para la población.
El Grupo Socialista presentó una alegaciones, que el diputado socialista José María Román calificó de “reflexiones” a la hora de defenderlas ante el Pleno, basadas en el supuesto bajo nivel de ejecución presupuestaria de los dos últimos ejercicios bajo el Gobierno del Partido Popular, en cumplir con las obligaciones de asistencia a los municipios, la necesidad de implantar un plan de empleo, el mantenimiento y conservación de las carreteras provinciales, aumentar la asignación al Consorcio Provincial Contra Incendios y la necesidad de negociar una relación de puestos de trabajo en la Diputación, petición esta última a la que respondió Juan Antonio Liaño al informar de que la negociación estaba en marcha, mostrando las actas de las reuniones mantenidas con los sindicatos.
El responsable del Área Económica de la Diputación pidió el rechazo a las alegaciones del Grupo Socialista señalando en primer lugar que se presentaban aludiendo a una legislación derogada, en concreto a la Ley 11/87 reguladora de las relaciones entre la Comunidad Autónoma de Andalucía y las Diputaciones provinciales en su territorio, que estuvo vigente hasta el 23 de julio de 2010. La ley vigente es la 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía.
“Pobre bagaje para convocar un pleno urgente y extraordinario. Hay que traer alegaciones, no reflexiones”, criticó Juan Antonio Liaño, en respuesta al planteamiento de José María Román. En referencia a las alegaciones de aumento de partidas de gastos, Liaño respondió que plantean una propuesta de gastos sin atender a los ingresos presupuestados, que son limitados por las circunstancias y que están sometidos a las obligaciones legales para controlar el déficit de las administraciones. “Sus alegaciones son una carta a los Reyes Magos”, dijo Liaño, quien aprovechó el debate para recordar que 30 millones de este presupuesto se destinan a pagar los créditos solicitados durante la etapa de gobierno socialista en la Diputación.
La réplica del PSOE
Los votos de los diputados y diputadas del PP han impedido hoy que prosperasen las reclamaciones presentadas por el Grupo Socialista a los Presupuestos para 2014, que pretendían “salvar sus graves carencias en cuanto a la apuesta por la generación de empleo y a la asistencia a municipios” y “evitar el incumplimiento de competencias y compromisos de la Diputación”. Así se ha pronunciado el diputado del PSOE José María Román, quien ha incidido en que esas cuentas “carecen del crédito necesario para asumir obligaciones que le son propias y reflejan una manifiesta insuficiencia de gasto para poder hacer frente a actuaciones que, estando previstas, no disponen de la necesaria dotación económica”.
José María Román ha sido el encargado de defender esas alegaciones en el Pleno, a lo largo del cual ha destacado el “bajísimo nivel de ejecución de inversiones recogidas en los capítulos 6 y 7, tanto de la propia Diputación como del IEDT, y todo ello a pesar de los más de 40 programas que el Instituto mantiene en materia de empleo y de la grave situación de paro que castiga a esta provincia”. Así, se ha referido a los datos de la liquidación del Presupuesto de 2012, que demuestran que “la Diputación dejó sin usar 38,9 millones de euros, mientras que el IEDT dejó también sin ejecutar 25,9 millones de euros que habían sido previstos como inversión”. A su juicio, esta falta de movilización de recursos previamente comprometidos y de materialización de inversiones presupuestadas es “un lujo que esta provincia, tan castigada por el desempleo y tan necesitada de creación de puestos de trabajo, no puede permitirse”.
Frente a esta situación, el diputado socialista ha planteado la necesidad de introducir “un nuevo sistema plurianual, en línea con lo establecido por la Ley de Haciendas Locales, que permita adjudicar los compromisos de inversión a iniciativas que puedan considerarse plenamente maduras, de forma que no se vuelva a caer en el mismo error en el que se incurre año tras año y que ha llevado a que únicamente se materialice el 40 por ciento de la cantidad total recogida en los Presupuestos”. El diputado socialista, quien ha lamentado que la respuesta del Gobierno provincial del PP en el Pleno haya sido “hacer oposición a la oposición, en lugar de trasladar confianza sobre los presupuestos y sobre su capacidad ejecutoria real”, ha adelantado que “con toda seguridad, la liquidación presupuestaria del ejercicio 2013 traerá consigo un remanente de unos 30 millones de euros, frente a unas alegaciones que hoy traemos al Pleno, que superan ligeramente los 20 millones de euros y que se destinan a generar empleo, a dar asistencia a los municipios y a atender a compromisos y obligaciones esenciales de la Diputación”.
“Esta provincia necesita que las cantidades que aparecen en el Presupuesto de la Diputación se puedan ejecutar realmente, sin que después haya que afrontar modificaciones de crédito ni se registre un superávit importante y haya que incorporar grandes remanentes que no se han utilizado para la que debería ser su auténtica finalidad, como es la generación de empleo y la mejora de la calidad de vida en nuestros pueblos”, ha añadido.
Román ha lamentado la actitud del Gobierno provincial del PP a la hora de descalificar y pasar por encima de unas reclamaciones que ponían su acento en la necesidad de movilizar “de forma eficaz y eficiente” inversiones hacia la lucha contra el paro, como la puesta en marcha de un plan de empleo dotado con un mínimo de cuatro millones de euros para la contratación de personas sin trabajo, con cargas familiares y en riesgo de exclusión social, y que hiciera especial hincapié en los jóvenes. “Uno de cada seis desempleados de la provincia no ha trabajado nunca, y ese es un drama que se suma al que ya de por sí representan nuestros 196.777 desempleados”, ha señalado Román. En esta misma línea de fomento del empleo destaca igualmente la alegación que pretendía dar un respiro al pequeño tejido productivo de los pueblos menores de 20.000 habitantes, mediante créditos reembolsables por valor global de dos millones de euros para que atiendan a sus necesidades de tesorería o de liquidez.
Igual suerte han corrido otras reclamaciones que pretendían, por una parte, crear una línea económica de un mínimo de dos millones de euros para que los municipios menores de 20.000 habitantes puedan afrontar sus gastos corrientes; y, por otra, impulsar un Plan Especial de Financiación dotado con al menos 10 millones de euros para dar respuesta a “los especiales problemas de liquidez de municipios por encima de ese umbral de población, de forma que no vean hipotecado el día a día de su gestión”. Este Plan Especial de Financiación, de importancia vital para ayuntamientos como Los Barrios, Barbate y La Línea, también se ha visto frustrado por los votos negativos del PP.
Las reclamaciones del Grupo Socialista, que también se hacían eco de la denuncia sindical de la falta de negociación con vistas al establecimiento de la relación de puestos de trabajo de la Diputación, recogían la necesidad de articular un plan de inversión en la red provincial de carreteras con un mínimo de siete millones de euros, así como el mantenimiento del convenio de residuos sólidos urbanos con los municipios menores de 20.000 habitantes con una dotación de 1,5 millones de euros. Estas alegaciones han sido igualmente rechazadas por el Gobierno provincial del PP, de la misma manera que lo ha sido la que pretendía que, tras la insuficiencia registrada en el Presupuesto de 2012 que motivó una modificación de crédito para atender las obligaciones de la Corporación respecto al Consorcio Provincial Contra Incendios, la aportación al mismo volviera a elevarse hasta el nivel que alcanzó en la anualidad de 2011, es decir, casi 8,3 millones de euros.
