El Día Mundial contra la violencia hacia las mujeres ha marcado la agenda en los primeros días de la semana y lo ha hecho para recordar lo que quienes lo sufren recuerdan durante todo el año y quienes trabajan para evitarlo o mitigarlo lo tienen presente a todas horas.
Ha servido para que la sociedad se manifieste en la calle, para que los medios de comunicación se hagan eco de una lacra social que causa más muertes que ETA en sus peores años y que cuenta con instrumentos muy buenos, pero dada la magnitud del problema, manifiestamente mejorables.
Uno de los principales actos organizados fue la conferencia impartida en el Centro de Congresos por el juez del Juzgado de Instrucción número 2 de Jerez de la Frontera, José Parra Calderón, quien se encargó de analizar las carencias de la Ley Integral de Violencia de Género y autor de manifestaciones tan precisas como la necesidad de que el legislador se dé cuenta de que hay que corregir todo aquello que da la sensación de cara al exterior de que se criminaliza a todos los hombres.
“El hecho de que un hombre maltrate a una mujer no significa que todo el sexo masculino sea maltratador por lo que hay que ir corrigiendo matices. Y por supuesto que la Ley es una ley innovadora que ha sido adoptada por otros países”.
Parra señaló que la violencia de género hay que encuadrarla “en un concepto más amplio que es la violencia doméstica. No es violencia de género, pese a la admisión de las uniones entre hombres y entre mujeres, la que se produce de un hombre a otro hombre o de una mujer hacia otra mujer, que tiene cabida en la violencia doméstica”.
Discriminación positiva
También abordó una de las cuestiones más polémicas, como es la discriminación positiva que es parte del espíritu de la Ley, señalando que la violencia se ceba en las mujeres y los números cantan.
“Estamos en el año 2013 y desde finales de 2003 han muerto 745 mujeres, a día de hoy en este año han muerto 45. ¿Todavía hay gente que se plantea el tema de la discriminación positiva? ¿Todavía hay gente que no entiende que una bofetada a una mujer tiene que ser sancionada con mayor penalidad que una bofetada al hombre?”, dice Parra.
Para el magistrado del juzgado jerezano, no vale el argumento de que también mueren hombres, lo que es cierto, “pero la realidad es abrumadora, además de forma brutal, sin necesidad”. Parra considera que también hay que trabajar en otros aspectos que no están contemplados en la Ley, que en muchos casos se centra en un protocolo que se ha demostrado nocivo para conseguir los objetivos finales.
El juez considera necesario una profesionalización del procedimiento de forma que una mujer maltratada no tenga que pasar por por seis o siete declaraciones sobre lo que le produce un trauma.
Eso puede producir que la mujer maltratada al final no quiera declarar y la sentencia sea absolutoria “y a los dos meses la han asesinado”. “Hay que trabajar también desde el punto de vista de la víctima, a la víctima hay que trabajarla también, no sólo al maltratador con los cursos de reeducación”.
El problema es que la víctima pasa por la declaración ante la Policía, los Servicios Sociales, la Fiscalía, el juez de Instrucción, los jueces en el enjuiciamiento... “y llega un momento en que la mujer ya no quiere saber absolutamente nada, porque encima del problema que tiene le tomamos manifestaciones hasta seis o siete veces. Eso es una barbaridad”.
Denuncias falsas, un 0,05%
Esa es una circunstancia que incluso hace que el problema se minimice al tender a creer que las sentencias absolutorias son debidas a denuncias falsas por parte de las mujeres. “Sí hay denuncias falsas, un 0,005 por ciento. El resto son absolutorias porque la mujer se ha negado a declarar”.Una cuestión demasiado frecuente que gracias a una sentencia del Tribunal Supremo no se va a repetir al negar la posibilidad de no declarar contra un familiar.
Otra de las cuestiones de las que alertó el juez es la precocidad en los episodios de violencia de género, que ya sobrepasa lo que podría considerarse un problema cultural heredado. Ahora son jóvenes de padres jóvenes que no han estado sometidos a un patriarcado secular.
Igualmente fue tajante a la hora de señalar la responsabilidad que tienen las personas del entorno de socorrer a una posible víctima, señalando la obligatoriedad de la prestación de socorro en caso de que alguien pueda estar escuchando como se produce un ataque verbal de un hombre a una mujer.
Apología del matrato
Y llega más lejos. La propuesta del juez es la de criminalizar la apología del maltrato, de la misma forma que se criminaliza el terrorismo. Parra se refiere, por ejemplo, a “aquel animal de bellota que está diciendo en un barque eso es lo que le hace falta a las mujeres, esto es lo que hay que hacer... aunque sea de broma a un amigo. Eso sería la apología y habría que buscar una vía para que no se escuchen ese tipo de manifestaciones, ni siquiera de broma”.
También criticó la actitud de algunos jueces de no enviar a la cárcel a agresores que incumplen las medidas de alejamiento, proponiendo un punto intermedio como es el “extrañamiento”.
Pero uno de los grandes fallos de la Ley, a juicio del juez, es que no se suspende la patria potestad del agresor sobre sus hijos. Es el caso de la mujer asesinada recientemente en Jerez, cuyo marido y presunto asesino no ha sido privado de la patria potestad de los hijos y han tenido que ser los abuelos los que han pedido la patria potestad de sus nietos. “Esto es kafkiano”, dice el juez.
Lucha contra el fraude
Como en toda ley en la que se conceden subvenciones y ayudas, los casos de fraude están a la orden del día, tanto para conseguir mejoras en un proceso de divorcio como para conseguir la nacionalidad. Además de cobrar “la famosa paga”, como es el caso ocurrido en Jerez donde en un bloque de 22 pisos había 14 hombres con orden de alejamiento viviendo con sus mujeres y cobrando la paga.
“Porque se dieron cuenta de que para obtener la paga necesitaban de una orden de alejamiento”.
Pero esa es la visión que tiene un juez. Luego está la que tienen los profesionales que atienden los servicios sociales especializados con los que cuentan los ayuntamientos. Este personal es el que recibe la primera oleada del problema, el que tiene que ayudar a encontrar la solución mejor para la mujer que llama a la puerta buscando ayuda. Una ayuda que se antoja compleja desde el principio.
Lentitud de la justicia
Pero una vez que ha dado el paso, ¿por qué se niega a ratificar la denuncia? La abogada de la Fundación de la Mujer de San Fernando, Isabel Higueras Milena lo achaca, entre otras causas, al tiempo que transcurre desde que se produce la agresión hasta que se celebra el juicio penal, que ha podido motivar que las circunstancias hayan cambiado o que ya no quiera volver a pasar por lo mismo si ya ha conseguido lo que quería, el divorcio y rehacer su vida.
Una lentitud de la Justicia que no es sólo en los casos de violencia de género, sino en general por los escasos medios materiales y personal que padece.
De todas formas, Higueras Milena señala que no se trata de interponer una denuncia contra un desconocido, contra alguien ajeno a su entorno, sino contra una persona a la que le une una relación sentimental, hijos en común y una vida compartida.
“En muchas ocasiones la mujer depende económicamente del presunto agresor y le da miedo quedarse desamparada, pero también hay casos de dependencia emocional, mujeres que tienen independencia económica que han sido incapaces de dar el paso porque no admiten la ruptura de la relación sentimental a pesar de que esté siendo absolutamente destructiva”.
A todo eso se suma “el puro miedo a las represalias, y quizá ahí es donde hay que trabajar más con la mujer y hacerle comprender que aunque puede haber una situación de riesgo, hay suficientes medios para protegerla”.
¿Qué ofrece la Fundación?
¿Pero que ofrecen los servicios municipales específicos para estos casos de violencia de género? La delegada municipal de la Mujer, María José de Alba Castiñeiras, advierte de que en muchas ocasiones se entra por la puerta con unas ideas equivocadas. “Piensan que hay una trituradora de hombres en la Fundación de la Mujer y una alfombra roja para las mujeres”.
Se ofrece asesoramiento jurídico tanto a hombres como a mujeres. Eso sí, “si lo que está pidiendo o lo que se está comentando es algo que va contra la Ley, no se va a encontrar con un trato de favor”.
A partir de ahí, los servicios de la Fundación derivan el problema a la instancia pertinente, aunque sin dejar de abrir puertas a la formación de la mujer para el mundo laboral o como persona.
