El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha querido matizar este miércoles que "en modo alguno" ha "instado o urgido" a la juez Mercedes Alaya a cerrar la instrucción de la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados con dinero autonómico como, según ha apuntado, se ha publicado en algunos medios de comunicación, al tiempo que ha subrayado la "complejidad" de dicho proceso.
"Se están poniendo en boca del presidente del TSJA como declaraciones literales palabras que no he dicho", ha remarcado Del Río en respuesta a los periodistas durante una visita a la Audiencia Provincial de Jaén de los vocales territoriales para Andalucía del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Pío Aguirre y Manuel Torres Vela.
Por ello, el presidente del Alto Tribunal andaluz ha pedido "respeto" a los medios de comunicación a la hora de "transmitir las palabras que cada uno dice como responsable institucional", al tiempo que ha aclarado que lo que quiso trasladar este martes es que la juez Alaya "tiene sus tiempos" y "es consciente de cuándo debe cerrar la instrucción" de un procedimiento que ha calificado de "muy delicado", algo que, según ha añadido, ocurrirá cuando la magistrada "crea que es más conveniente, habida cuenta también de las personas que van quedando citadas".
En esa línea, ha defendido que "ningún proceso es igual" y que, en todo caso, existe "el derecho a un proceso sin las dilaciones indebidas", cuestión que "las propias partes pueden proponer cuando se celebra el juicio".
Es entonces, según ha añadido Del Río, "cuando un tribunal de enjuiciamiento ve el tiempo que se ha tardado, la complejidad de la causa, las pruebas que se han practicado y el posicionamiento de las partes, y decide si se han traspasado o no los tiempos razonables". "Eso sólo lo puede hacer el órgano de enjuiciamiento", ha insistido.
EL CGPJ APELA AL "ORDEN JURISDICCIONAL"
En ese sentido, el vocal del CGPJ Pío Aguirre ha señalado que será la Audiencia Provincial de Sevilla la que, "en todo caso, diga si las cosas se están haciendo bien o no", ya que esa cuestión "debe ir por su orden jurisdiccional, no por orden gubernativa".
Al hilo de ello, ha rehusado opinar sobre la instrucción que lleva a cabo Mercedes Alaya porque, según ha subrayado, los vocales del CGPJ "no pueden ni deben" manifestarse sobre ello ni "sobre las resoluciones que dictan los jueces en España".
"Al contrario, la obligación fundamental de los miembros del CGPJ es preservar la independencia de jueces y magistrados, y, de hecho, cuando son perturbados en el ejercicio de su función, el que les puede conceder amparo es el CGPJ", ha abundado.
