El punto central es la reforma de la Ley de Christiania aprobada por el Gobierno en 2004, que rescindió el derecho colectivo de usufructo de los christianitas a vivir en estos antiguos barracones propiedad del Ministerio de Defensa que había sido reconocido parcialmente por el Estado en la década de 1980.
Los habitantes de Christiania consideran que ese derecho no se puede rescindir por los compromisos sobre su irrevocabilidad dados por los distintos gobiernos, y por eso han demandado a la Agencia de la Propiedad Estatal, responsable desde 2004 de la zona.
El Gobierno niega tal extremo y querer acabar con Christiania: su objetivo es cambiar su forma de organización, establecer contratos de propiedad individuales y ampliar la superficie edificable de este área de 34 hectáreas en el centro de Copenhague.
Pero ese cambio sería su fin, según su abogado, Knud Foldschack, ya que toda la estructura descansa en el derecho colectivo, la ausencia de propiedad privada y la democracia de consenso.
“Quince gobiernos y 11 ministros de Defensa han aceptado la existencia de Christiania. Ha habido más de 10 interpelaciones sobre la cuestión en el Parlamento a lo largo de los años, donde se ha confirmado el derecho de usufructo de forma estable”, dice el abogado.
El juicio es el colofón a 4 años de negociaciones frustradas entre Estado y Christiania, que se han intercambiado infinidad de propuestas pero han sido incapaces de ponerse de acuerdo, pese a que la fundación Realdania aceptó comprar toda la superficie edificable y respetar el carácter de “experimento social” del asentamiento.
