La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado este martes en sesión extraordinaria la solicitud para adherirse al decreto-ley de lucha contra la exclusión social aprobado por la Junta de Andalucía y solicitar a esta Administración los tres millones de euros que le corresponden. No obstante, en la línea de lo aprobado por el Consejo de Alcaldes del PP y por "solidaridad" con el resto de municipios andaluces, a priori, esperará a recibir esos fondos antes de firmar alguna de las contrataciones previstas.
En este punto, el regidor de Málaga, Francisco de la Torre (PP), ha señalado que en el caso concreto del Ayuntamiento de Málaga "no es necesario ese anticipo porque tiene pulmón financiero para hacer frente a este tema", pero "muchos ayuntamientos andaluces, de todos los colores políticos, van a tener problemas para la puesta en marcha de este programa" porque "no todos podrán anticipar esos recursos". Por tanto, ha abogado por esa "visión solidaria".
A su juicio, existen "todas las razones morales, éticas y legales para que la Junta de Andalucía, ya que tenía ese dinero previsto, lo vaya anticipando, sino el 100 por ciento, sí al menos el 25 o el 50 por ciento", de modo que "se garantice que el sistema funciona". "Es una postura de colaboración", ha defendido en rueda de prensa.
Este mensaje debe ser entendido por el Gobierno andaluz, según el alcalde, como "una idea práctica" y "una colaboración leal". Como ha subrayado, "creemos que éste es el mecanismo para el éxito del programa, que no sólo debe garantizarse en Málaga capital, sino en toda la región". "Mientras se abarque a más municipios, mejor", ha apostillado.
En aplicación del decreto-ley, se generarán en Málaga 1.090 empleos a tiempo parcial --unas tres horas al día-- durante tres meses. Estas personas prestarán servicio en distintos puntos de la ciudad y en tareas como la limpieza de arroyos o de espacios cercanos a zonas forestales, "trabajos fáciles, que no necesitan un adiestramiento especial", según De la Torre.
OCTUBRE
La previsión es comenzar esa contratación en octubre, aunque "nuestro deseo es que sea antes", algo que dependerá, de todos modos, de la respuesta de la Junta. Precisamente, preguntado por qué haría si llega otoño y no ha recibido ese dinero, el alcalde sólo ha dicho que "para que este programa sea operativo y sirva de verdad y no sea una cosa de ruido, se ha de trabajar de esta manera"; así, ha confiado en el diálogo en estas próximas semanas y que este asunto "no entre en vía muerta".
El primer edil malagueño ha insistido en que "estos recursos son los que la Junta quitó en sus previsiones presupuestarias para los ayuntamientos, no se trata de una partida extraordinaria".
Más rotundo ha sido el concejal de Derechos Sociales, Francisco Pomares, quien ha destacado que se trata de "un tema muy serio" y "si decimos a una familia que le vamos a dar un dinero por un trabajo realizado, hay que pagarle". "En Andalucía ya nadie se fía porque los calendarios de pago de la Junta los conocemos todos", ha resaltado.
