En vísperas de la reunión que mantendrán el próximo lunes el subdelegado del Gobierno en la provincia y los alcaldes de la Sierra para explicar el Plan de Fomento del Empleo Agrario (Profea) de este año, Javier de Torres ha dado a conocer las claves y los nuevos criterios que regirán el programa en su nueva edición, para la cual se ha intentado corregir una serie de puntos con el fin de mejorar la posibilidad de creación de empleo.
Por lo pronto, el pasado miércoles se reunió la comisión provincial de seguimiento del plan, para el que el Gobierno central ha asignado una cantidad total de 15.570.639 euros, que a su vez se dividen en 12.153.054 euros para el programa de garantía de rentas y 3.417.584 euros para el programa de empleo estable. Eso en cuanto a la aportación estatal, ya que el Profea también espera una aportación autonómica de 6 millones de euros y otros 4 de Diputación, con lo cual la inversión total del plan superaría los 21 millones de euros para la provincia.
Con estas cifras, el Profea de este año gozará de un ligero aumento, que en el caso de la Sierra pasa de 3,3 a 3,6 millones de euros. Sólo en la comarca serrana el programa creará 167.000 jornales, mientras que en el último año fueron 108.000. Ello supone la creación de 6.000 contratos.
Por municipios, las mayores inversiones se sitúan en Puerto Serrano (763.000 euros), Arcos (708.000) y Villamartín (572.000 euros), lo cual queda justificado con la importante cantidad de trabajadores acogidos en el régimen agrario en las citadas localidades.
Respecto a esos nuevos criterios que han introducido en la gestión del Profea, y sobre todo en la parte del programa para la creación de empleo estable (las obras tienen una media de 210.00 euros), se ha corregido la hipoteca que hasta ahora implicaban las obras en proyecto, perjudicando en este sentido las inversiones en otros municipios. Así, a partir de ahora las obras no se podrán fasear ni se podrán hipotecar los fondos para varios años. Otro criterio importante ha sido no financiar obras que en teoría competen a otras administraciones públicas, caso de la Junta de Andalucía, salvo en el caso de los centros de salud ya iniciados, como puede ser la situación de Trebujena y Bornos, pendientes aún de dos anualidades para terminar sus obras. En este sentido, la ayuda del Gobierno central a estos proyectos se justifica con su deseo de no mermar la asistencia sanitaria en la comarca, según la Subdelegación del Gobierno.
Además, los proyectos que presenten los municipios deberán quedar perfectamente vinculados a la creación de empleo, primando sobre otras características o virtudes de las actuaciones. Del mismo modo, y en aras a la transparencia y control sobre la gestión, tanto los ayuntamientos como la Diputación deberán explicar cómo se han utilizado los fondos públicos, para así evitar la susceptibilidad de los ciudadanos ante cómo se gasta la administración el dinero de sus impuestos.
Respecto a la aportación de otras administraciones, caso de la Junta y Diputación que lo vienen haciendo para la compra de materiales, se espera un ligero incremento del cinco por ciento porque se ha detectado en los últimos años que un tercio de ese dinero se empleaba en riesgos laborales, la compra de calzado, en reconocimientos médicos y sobre todo en la tecnificación que requieren las obras, las cuales necesitan cada vez más de nuevos materiales que suelen ser más costosos.
Respecto a los proyectos del plan de empleo estable, deberán ser presentados entre el 18 de abril y 8 de mayo, para después ser evaluados y aprobados. La idea es que estas obras puedan comenzar a principios de verano. Desde Asaja-Cádiz se ha pedido al Gobierno central que no coincidan las obras con la temporada agrícola para así favorecer a los trabajadores del campo.
El subdelegado del Gobierno explicó acompañado del alcalde de Arcos, José Luis Núñez, que los trabajadores del Profea -antiguo PER- podrán estar más tranquilos porque se les garantizan sus peonadas pese a los discursos de la oposición que apuntan a la desaparición de este sistema de ayuda a los trabajadores agrarios. Asimismo, De Torres quiso agradecer el trabajo de los servicios estatales de empleo y de la Diputación porque se ha gestionado en un tiempo récord la parte del programa de garantía de renta. En este sentido, los proyectos de los ayuntamientos se presentaron en agosto pasado y fueron aprobados en el septiembre siguiente.
Deudas de Mancomunidad
De Torres aprovechó su paso por Arcos para adelantar que el nuevo decreto de pago a proveedores ayudará en esta ocasión a instituciones como la Mancomunidad para sanear sus cuentas. Para estos pagos se ha librado 2.600 millones de euros en toda España. En teoría, esta administración podrá comenzar a pagar sus deudas en la primera quincena de julio. Según el subdelegado del Gobierno en Cádiz, la reforma de la Ley de Administración Local contempla esta medida de ayuda a las mancomunidades.
