Seis hospitales concertados, 300.000 euros anuales de coste inicial. Esas son las cifras que sustentan una red privada sanitaria sostenida con fondos públicos que se extiende por varias de las provincias andaluzas y que tiene, como nombres propios, a ex altos cargos del Partido Socialista y de la UGT y a José Manuel Pascual, propietario del grupo hospitalario Pascual y Pascual S.A.
Entre los consejeros del grupo Pascual aparecen Agustín Ortega Limón y Salvador González Tapia, administrador solidario y vocal, respectivamente de la empresa Hospiber 2000, perteneciente al empresario José Manuel Pascual y cuyo fin social es la explotación de servicios sanitarios en régimen de propiedad o arriendo, construcción de edificios para albergar tales servicios, instalaciones, montajes y su administración y a promoción y gestión inmobiliaria de fincas, según reza en el Registro Mercantil.
Ortega Limón fue secretario general del Insalud y gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS)en la década de los 80. Fue el encargado de luchar contra los conciertos con las clínicas privadas pero, en el marco del proceso de ruptura de acuerdos con éstas en la provincia de Cádiz, pasó a incorporarse a la empresa Pascual.
La empresa José Manuel Pascual Pascual SA se salvó a finales de la década de los 90 del proceso de eliminación de los conciertos que hasta el momento venía manteniendo la Junta con algunos centros médicos de la provincia.
El gestor de estos procesos fue Ortega Limón, que pasó a ser directivo del grupo Pascual al mismo tiempo que José Manuel Pascual Pascual conseguía salvar el concierto del Hospital San Rafael de Cádiz. A partir de ahí comenzó el proceso de expansión por toda Andalucía, construyendo nuevos hospitales en la provincia, donde en la actualidad posee cuatro (Villamartín, Cádiz, El Puerto de Santa María y Sanlúcar de Barrameda), Huelva y Málaga. Todos concertados con el SAS.
José Luis González Tapia es consejero de Websasistencial, otra de las empresas propiedad del grupo Pascual en la que también figura Ortega Limón. Licenciado en Medicina, su vinculación con la Administración pública comenzó en 1981 como Jefe de Área de Salud Pública del Departamento de Sanidad de la Diputación de Madrid. En 1982 fue elegido como secretario general de sanidad de la UGT, cargo que mantuvo hasta 1990. Nueve años más tarde, fundó la empresa Mosponuba, con la que se hizo cargo de la gestión de los recursos humanos y sociales de la empresa de hospitales JM Pascual Pascual SA.
En la actualidad, ambos son socios del director actual de la clínica San Rafael de Cádiz, formando parte del consejo de administración de Hospiber 2000 SL que preside José Manuel Pascual Sánchez-Gijón (hijo del fundador de la red de hospitales concertados).
Estos nombres propios han tenido gran peso, según se hacía eco el periódico Libertad Digital (La Tela de Araña), en el conflicto de los uniformes de la clínica Pascual. En 2008, las enfermeras y auxiliares del Hospital San Rafael en Cádiz estaban indignadas por la obligación de la empresa a llevar un polémico uniforme, consistente en minifalda y cofia.
Las enfermeras denunciaban que, aquellas que se negaban a utilizar el uniforme, eran sancionadas con la eliminación del plus de asistencia, unos 30 euros mensuales. El conflicto saltó a la luz pública en plena defensa de los socialistas por la igualdad.
Pero el silencio del PSOE y de UGT contrastaba con la guerra que desde CCOO abrieron contra la dirección del centro hospitalario concertado con la Junta. Semanas más tarde, la Delegación Provincial de Cádiz decidió abrir una investigación y el caso llegó hasta los tribunales, resolviendo a favor de las trabajadoras.
Más socialistas de renombre
Pero junto a estos ex altos cargos del PSOE y de la UGT hay más nombres propios del socialismo y sindicalismo andaluz vinculados a la red de hospitales construida en base a los conciertos con el Servicio Andaluz de Salud.
José Luis García de Arboleya Tornero, ex consejero de Sanidad de la Junta de Andalucía, también ha tenido relación empresarial con la empresa Pascual. Tanto él como parte de su familia formaron parte de una sociedad vinculada al propietario de la clínica San Rafael, Arbisa gestión y Proyectos, con sede social en Málaga y fundada en 2004.
Durante los dos primeros años de su gestión, centrada en el “asesoramiento, gestión, consultoría y prestación de servicios relacionados con materiales sanitarios, farmacéuticos, medioambientales, agrícolas y de salud pública, incluidos los seguros públicos y privados relativos a dichas materias así como la contratación de los citados servicios…” estuvo a cargo de José Luis García de Arboleya Tornero.
Su nombre aparece en el registro mercantil en 2006 para indicar su cese como administrador únic0. Toma el relevo entonces María Isabel García de Arboleya del Castillo. De igual forma aparecen vinculados a las empresas implicadas en el grupo de clínicas de la familia Pascual varios familiares del ex gerente del SAS, Ortega Limón.
El nepotismo practicado en la red de empresas de Pascual SA alcanza a hijos, esposa y ex cuñados de Ortega Limón, algunos vinculados a negocios de informática en la provincia de Cádiz, coincidiendo con la implantación de la receta electrónica.
La gestión de Ortega Limón al frente del SAS fue denunciada en 1991 por Pedro San José, vinculado al Sistema Andaluz de Salud, quien en su declaración ante el juez Ángel Márquez, “acusó al PSOE y a personas vinculadas al partido, de recibir comisiones por contrataciones y conciertos irregulares establecidos entre el organismo de la sanidad pública andaluza y empresas del sector sanitario”.
San José manifestó al juez Ángel Márquez que durante la etapa de Agustín Ortega Limón, como gerente del SAS, hasta abril de 1998, se realizaron concursos irregulares de abastecimiento y de contratos de servicios con empresas que pagaban un 10 por ciento de comisión al PSOE y a otras personas, según informó tras la declaración el abogado que representaba a la acusación del Partido Andalucista (PA) en el caso, Emilio Lechuga.
Lechuga explicó que entre las operaciones irregulares que denunció San José se encontraban la subida de calificación, desde el nivel 3 al 7, establecida para dos hospitales, uno ubicado en Cádiz y otro en El Puerto de Santa María, centros que se beneficiaron de una facturación cifrada en miles de millones de pesetas.
San José puso en conocimiento del juez Márquez la contratación, con la empresa Johnson and Johnson del suministro de compresas ginecológicas para los hospitales de la sanidad andaluza, después de que se declarase desierto un concurso público al que esta empresa se presentó y recibió un informe desfavorable del SAS.
“Otro de los contratos irregulares denunciados es el del abastecimiento de placas radiográficas, realizado directamente con dos empresas, tras un concurso que fue declarado desierto. Asimismo, San José denuncio la contratación directa de la empresa OLM, SA, para la limpieza del Hospital General de Málaga, que según el ex directivo del SAS está vinculada a un ministro socialista, cuyo nombre no ha sido desvelado” (El País, 25 de mayo de 1991).
Ex alcalde de Sanlúcar
Los hospitales de José Manuel Pascual son también fuente de empleo para ex cargos socialistas de la provincia de Cádiz. Agustín Cuevas Batista, ex alcalde de Sanlúcar, su mujer y sus hijas, trabajan en la actualidad en el Hospital Virgen del Camino de Sanlúcar, de la empresa Pascual.
Cuevas, fue alcalde hasta 1999, año en el que una moción de censura lo apartó de la alcaldía a favor de Juan Rodríguez Romero, del PP. Fue acusado junto a otros miembros del PSOE y varios empresarios del intento de compra de un concejal, Manuel Ramírez (PP) para que se ausentara en la votación de la moción de censura, para lo que le habría ofrecido 50 millones de pesetas, un puesto de trabajo en el Ayuntamiento de Chipiona y dos billetes de avión a Lisboa para el día de la votación.
Fue el denominado ‘Caso Sanlúcar’, por el que fue condenado por delitos de cohecho con el agravante de prevalimiento de carácter público y de tráfico de influencias e intento de soborno por la Audiencia provincial de Cádiz. Un recurso al TSJA le valió la eliminación del delito de tráfico de influencias, confirmando un año y seis meses de prisión y el pago de 360.000 euros.
Posteriormente se vio envuelto en el ‘Caso Terán’, en el que un funcionario denunció la existencia de una serie de facturas falsas, por lo que Cuevas fue acusado de un delito de falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos. Fue el único de los ex cargos socialistas que ingresó en prisión.
El acuerdo con el Ministerio Fiscal lo condujo directamente a la cárcel, al acumular esta pena, de un año y medio de cárcel, a sus antecedentes en el ‘Caso Sanlúcar’. Tras obtener el tercer grado comenzó a trabajar en el Hospital de Pascual en Sanlúcar junto a otros familiares.
