El Juzgado de lo Penal número 5 de Córdoba ha señalado para el día 18 de junio el inicio del juicio por los supuestos malos tratos y abusos sexuales a personas con discapacidad psíquica cometidos en la congregación de la Cruz Blanca en Córdoba, hechos por los que la Fiscalía solicita para el hermano Manolo, que dirigió la residencia hasta 2010, una pena de 20 años y seis meses de cárcel.
Así lo han confirmado a Europa Press fuentes judiciales y ha adelantado este martes 'Diario Córdoba', que precisa que la vista oral podría prolongarse durante cuatro días y llegar hasta el 21, a tenor de las pruebas periciales y testificales.
En concreto, el Ministerio Público acusa al hermano Manolo de la supuesta comisión de diez delitos de maltrato y tres de abusos sexuales; y también acusa de abusos sexuales a otro franciscano y un excuidador nocturno, que se enfrentan a tres y seis años de cárcel, respectivamente.
Al respecto, la Fiscalía sostiene que el hermano Manolo, entre los años 2007 y 2010, "ha venido utilizando de un rigor innecesario a la hora de corregir las distintas conductas de los residentes" y, "de hecho, ha venido agrediendo de forma habitual" a los mismos. El fiscal relata supuestos guantazos, tirones de pelo y diversos golpes.
Igualmente, describe en su escrito supuestos tocamientos en las partes íntimas de algunos residentes y apunta que "a todas sus víctimas les decía que tales hechos eran un juego y les aleccionaba de que si decían algo los echaría del centro".
Cabe destacar que la causa se abrió en 2009 tras una denuncia anónima ante la Policía Nacional y la propia Fiscalía. Entre las declaraciones que se tomaron, la Policía interrogó a la madre de la presunta víctima, así como al propio padre Manolo al ser el responsable de la orden en Córdoba, quien rehusó hacer más comentarios sobre este asunto.
El juzgado de lo Penal 3 de Córdoba ya condenó en junio de 2010 a cinco años de cárcel a un voluntario y aspirante a entrar en la congregación de los Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca en Córdoba por cometer tres delitos de abusos sexuales sobre un interno que padecía un 86 por ciento de minusvalía. El condenado, A.C.U.P., aceptó el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía, la defensa y la acusación particular y evitó así la celebración del juicio.
