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Córdoba

Los grupos municipales piden a la Junta que entregue al Ayuntamiento las obras del Paseo de la Ribera

Supone el tramo que va entre la calle Caño Quebrado y Santa Teresa de Jornet, que con su apertura se atiende a las demandas y reclamaciones de vecinos, taxistas y hosteleros, entre otros colectivos de la zona

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Los cuatro grupos municipales del Ayuntamiento de Córdoba --PP, UCOR, IU y PSOE-- han aprobado este lunes en el Pleno Ordinario una moción conjunta para reclamar a la Junta de Andalucía que entregue de manera "inmediata" al Consistorio las obras del Paseo de la Ribera, concluidas a principios de diciembre de 2012.

   En este sentido, solicitan que se produzca dicha entrega para que el Ayuntamiento pueda reabrir la zona al tráfico de vehículos, cumpliendo con sus competencias en materia de movilidad, aunque la zona estará limitada "exclusivamente" al transporte público, en este caso la empresa municipal de autobuses (Aucorsa) y los taxis, "favoreciendo en la medida de lo posible la peatonalización", como ha apuntado la concejal de Movilidad y Transportes, Ana Tamayo (PP).

   En concreto, supone el tramo que va entre la calle Caño Quebrado y Santa Teresa de Jornet, que con su apertura se atiende a las demandas y reclamaciones de vecinos, taxistas y hosteleros, entre otros colectivos de la zona.

   Por otra parte, se ha aprobado una moción conjunta en la que los grupos muestran su apoyo a la prestación del turno de oficio por los letrados y reclaman a la Junta el pago de unos dos millones de euros que adeuda al Colegio de Abogados de Córdoba a tal efecto.

   Asimismo, los cuatro grupos municipales han consensuado una propuesta para la prórroga de seis meses del Plan Prepara 2012-2013, que prevé una ayuda de 400 euros para los parados de larga duración que hayan perdido todas sus prestaciones.

   Igualmente, han aprobado una declaración institucional en la que muestran su "oposición frontal" a la propuesta del Parlamento Europeo y del Consejo, que establece normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la Política Agraria Común, que aboga por un pago uniforme por hectárea solicitada, "sin requisitos mínimos en la actividad productiva", y que "conllevaría el desmantelamiento del sector del olivar" en Córdoba y en Andalucía.

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