El Parlamento de Andalucía ha aprobado este jueves, con los votos a favor de PSOE-A e IULV-CA y la abstención del PP-A, una iniciativa de la formación de izquierdas en la que se insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a dirigirse al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a fin de proceder, "con carácter de urgencia y en el entorno de colaboración institucional que posibilitó el acuerdo alcanzado el pasado mes de julio entre dicho Ministerio y el Gobierno de Andalucía", a la recuperación de la playa del Algarrobico.
La Cámara autonómica solicita así, por tanto, que Gobierno y Junta inicien los trámites para la demolición del hotel ubicado en el paraje natural del Algarrobico, toda vez que se complete el estudio de la empresa Tragsa para evaluar y detallar las actuaciones técnicas y materiales precisas para la demolición, que se elabore y apruebe un acuerdo de financiación para este derrumbe de acuerdo al informe de Tragsa, y que se establezca un calendario para todas y cada una de las actuaciones a llevar a cabo para la demolición, que deberá "iniciarse a la mayor brevedad posible".
En esta proposición no de Ley aprobada en el pleno del Parlamento también se pide a Junta y Gobierno que establezcan "cauces de participación que permitan a agentes sociales y organizaciones interesadas, en especial las de carácter ecologista, como Ecologistas en Acción y Greenpeace, expresar su opinión y posibles alternativas".
Precisamente al no admitir IULV-CA que en esta última petición se incluya explícitamente al Ayuntamiento de Carboneras tal y como pedía el PP-A, este grupo parlamentario ha rechazado la iniciativa al considerar, además, que la Administración responsable de esta "aberración urbanística" es en exclusiva la Junta de Andalucía, algo que tanto PSOE-A como IULV-CA han negado.
Según ha defendido la portavoz de la formación de izquierdas, la diputada Rosalía Martín Escobar, tras los últimos pronunciamientos judiciales sobre el caso --el último, en marzo de 2012 cuando el Tribunal Supremo dictó la ilegalidad del hotel del Algarrobico por ubicarse dentro de la zona de servidumbre de protección de 100 metros y ser contrario a la Ley de Costas, y por suponer una agresión ambiental y contra la ordenación del territorio--, ya "nada impide que el protocolo general se desarrolle para iniciar los procedimientos de asignación presupuestaria y trámites administrativos oportunos para ejecutar" el derribo del hotel.
Por ello, ha visto en este trabajo de demolición incluso "una oportunidad para la creación de empleo" y, sobre todo, una ocasión para "que no se vuelva a repetir en Andalucía". "No debemos dar opción a que esto vuelva a ocurrir, por eso hay que estar vigilante ante planes urbanísticos que planean sobre el Cabo de Gata por parte del Gobierno del PP de Níjar en La Fabriquilla", ha advertido.
Es por eso por lo que IULV-CA y PSOE-A han unido sus votos para urgir tanto a la Junta como al Gobierno a recuperar la playa del hotel Algarrobico tal y como se estableció en el protocolo general de colaboración que en 2011 firmaron el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y la Administración autonómica. Según este convenio, el Gobierno debe abordar la financiación de la demolición de la edificación y la Junta los trabajos de desescombro y la correcta gestión de los residuos generados por la demolición.
Con todo, el PSOE-A no se ha librado de las críticas de IULV-CA durante el debate de la proposición no de Ley, ya que Martín Escobar ha reprochado al portavoz socialista Manuel Recio, quien ha aprovechado para acusar al PP de "basar todo su modelo económico para Andalucía en seguir con la dictadura del ladrillo", que su partido no se diera cuenta antes de la "gran aberración" que, desde un principio, significó el Algarrobico.
"Fue la ministra Cristina Narbona la primera que dijo que había que derribarlo. Hasta entonces, el PSOE-A miraba para otro lado y no se actuaba en consecuencia con los instrumentos que tenían a su disposición", ha recordado.
Al PP-A, por su parte, Martín Escobar le ha negado que esta iniciativa sea "un brindis al sol" y le ha exigido que acaten las sentencias judiciales. La portavoz 'popular' Aránzazu Martín Moya se ha defendido acusando a IULV-CA de ser parte de un Gobierno andaluz cuyo socio de gobierno, "en un calentón político del presidente (Manuel) Chaves, decidió unilateralmente demoler un edificio que traía todos los parabienes de la Junta".
Así, y tras fundamentar esta demolición "en decisiones partidistas", la diputada del PP-A ha censurado que el PSOE-A hable "ahora de responsabilidades" cuando tendría que ser la Junta, en su opinión, quien las asumiera y quien se hiciera cargo ahora tanto de los 7,17 millones de euros que cuesta demoler el Algarrobico como de lo que provocó la paralización de sus obras. "Podían haberla parado desde el minuto uno, pero no lo hicieron. ¿Qué precio tuvo romper el futuro de muchos ciudadanos de ese entorno de Carboneras? Porque el PSOE-A y dirigentes de la Junta prometieron allí trabajo... ¿Qué precio tiene que muchas pymes se vieran abocadas al fracaso tras la paralización de un hotel que según la Junta era acorde a derecho?", se ha preguntado el PP-A.
