El PSOE desveló el pasado viernes la existencia de un listado de la plantilla municipal en el que se clasifica al personal laboral fijo e indefinido por el “color político” de quien gobernaba cuando fueron contratados. Francisco Lebrero, el portavoz socialista, se mostró convencido de tener en sus manos un documento que puede ser decisivo a la hora de tumbar el ERE llevado a cabo por el Gobierno Municipal; sin embargo, desde la Alcaldía no solo se culpó al principal grupo de la oposición de dar trascendentalidad a un documento que sirvió el pasado mes de abril para demostrar qué gobierno local había contratado a más personal, sino que se anunció la presentación de una querella contra Lebrero por partir del citado documento para sustentar que es el origen de “una purga política” en el Ayuntamiento.
Hay, de inicio, dos cuestiones clave en toda la polémica: la primera, que el hecho de que una persona fuera contratada durante un determinado periodo de Gobierno no quiere decir que simpatice, milite o vote al partido que gobernaba cuando recibió el alta laboral. La segunda, que tampoco se entiende la necesidad de subrayar en un listado quién gobernaba en el Ayuntamiento cuando cada trabajador fue contratado, ya que si lo que se quiere saber es el número, basta con hacer una búsqueda con fechas. En este sentido, aunque al equipo de Gobierno le avale la verdad y la razón ante las acusaciones vertidas por el PSOE, no es menos cierto que la polémica deja en el ambiente determinadas cuestiones e interrogantes que lo sitúan en una posición incómoda, sobre todo de cara a una plantilla que lo que menos precisa en estos momentos es un nuevo condimento al tenso ambiente que se respira en las dependencias municipales desde la presentación del primer ERE.
La acusación del PSOE
El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Francisco Lebrero, denunció además que el listado tiene fecha de marzo de este año e incluye, además del partido que gobernaba cuando fue contratada cada persona, datos laborales de cada uno de los empleados que no se pueden desvelar ya que supondría vulnerar la ley de protección de datos.
Lebrero calificó de “muy grave” la existencia de este documento y aseguró que “clasificar a los trabajadores por el color político es inconstitucional y una prueba palpable de que se ha hecho una purga política en este Ayuntamiento”, en referencia a la aplicación del ERE. De hecho, recalcó que este grupo municipal ya había denunciado en más de una ocasión que el listado de los 260 trabajadores incluidos en el ERE se había hecho “de forma arbitraria, sin criterios objetivos y que tenía todos los tintes de una auténtica purga política”. “El tiempo -añadió- parece que pone las cosas en su sitio y se van descubriendo muchas mentiras y muchos engaños del PP que demuestran las irregularidades y la arbitrariedad con la que se elaboró ese listado”.
El portavoz socialista incidió en que “este listado deja claro que el ERE está plagado de matizaciones, objeciones, dudas, discrecionalidad en la selección de personal, algo que también se refleja en el informe emitido por la Inspección de Trabajo”.
Por todo ello, Lebrero emplazó al Gobierno municipal y a la alcaldesa a que dé las oportunas explicaciones ante la opinión pública y, especialmente, ante los 260 trabajadores que han sido despedidos, sobre “por qué, quién y para qué se ha elaborado ese listado de clasificación política y cuál ha sido su intencionalidad”, al tiempo que advirtió que este grupo municipal “va a ejercer su labor de crítica y oposición al límite”. De igual forma, Lebrero avanzó que se va a poner a disposición de los sindicatos y los trabajadores afectados por el ERE la documentación que obra en poder de este grupo municipal por si creen conveniente utilizarlo.
El portavoz socialista concluyó que “la gestión de Recursos Humanos en las administraciones nunca conlleva vinculación alguna con el partido que gobierna en ese momento, ya que estaría vulnerando los derechos que asisten a todos los trabajadores”. Por lo tanto, “el hecho de que se clasifique a los trabajadores públicos por el color político es un acto de inconstitucional palmaria y se cargan los derechos básicos de los ciudadanos”.
La querella contra Lebrero
Tras su intervención, el Gobierno municipal confirmó la presentación de una querella contra el portavoz socialista por las declaraciones vertidas en las que le acusa de haber hecho “una purga política” en el Ayuntamiento. El Ejecutivo se sorprende de que “sea precisamente el PSOE el que venga a dar lecciones con acusaciones que tendrán respuesta en los tribunales”.
En este sentido, fuentes del Gobierno insistieron en dejar claro la transparencia con la que ha actuado desde el primer día. Conforme a esta transparencia, recuerdan que fue “precisamente este Ejecutivo el que dio a conocer a los ciudadanos, a través de los medios de comunicación, y en concreto en informaciones publicadas el pasado 1 de abril, que de los 902 trabajadores laborales indefinidos, un total de 619 entraron a trabajar en la etapa del PSA, 130 personas durante la del PSOE y 153, durante los meses de coalición del PP con el PSA, 97 en las áreas gobernadas por los andalucistas y 56 por los populares”. Una información que se dio a conocer a la opinión pública a raíz de las continuas acusaciones vertidas desde la oposición, en las que se afirmaba que en la etapa que gobernó el PP en coalición con el PSA se habían contratado a 307 trabajadores.
El Gobierno ha pedido al PSOE que “deje de intoxicar y hacer demagogia con un asunto tan serio como es el ERE del Ayuntamiento, una medida muy dolorosa, que a nadie le agrada tomar, pero que es absolutamente necesaria para dar solución a la situación de asfixia económica del Ayuntamiento”, y advierte que “ha sido el informe de la Inspección de Trabajo el que dice que el ERE se ha hecho con criterios objetivos y con buena fe en la negociación”.
