El año 2012 podría haber empezado con un nuevo asesinato machista, si se confirma que el hallazgo de los cuerpos de un hombre y una mujer en Gerona comunicado por los Mossos d'Esquadra este domingo, día 1, corresponde a un caso de estas características. Las investigaciones policiales están intentando aclarar si él la mató a ella y después se suicidó.
Hasta la fecha, de las 605 mujeres asesinadas sólo una media del 30 por ciento habían presentado denuncia por malos tratos. Este es el dato que en 2011 reveló un estudio del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género, ya que desde el mes de octubre y con motivo de las elecciones y el cambio de Gobierno, Igualdad no facilita estadísticas sobre este asunto. El mismo organismo concluyó que casi todos los asesinos de mujeres acaban en prisión cumpliendo de media 18 años de cárcel.
En 2011 se dio a conocer también que el 1,4 por ciento de la población española aún justifica la violencia de género en determinadas circunstancias, que para el 80 por ciento de los jóvenes lo razonable es que ellas satisfagan los deseos de sus novios y que ocho de cada diez ciudadanos ven "demasiados detalles" en las informaciones periodísticas sobre este asunto.
La otra gran estadística que reveló algo más sobre la violencia de género en España ha sido una macroencuesta elaborada por el CIS. Aunque sólo se ha difundido un avance de resultados, pone el foco en la situación de los hijos pequeños de las mujeres maltratadas: más de medio millón de menores han sido agredidos este año y 840.000 están expuestos a la violencia contra sus madres.
Precisamente la situación de los niños ha centrado gran parte del debate público sobre la violencia machista este año, motivando que el Partido Popular llevase en su programa electoral una propuesta de modificación de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género para incorporar a los niños como sujetos activos de la protección de la norma. Actualmente, están incluidos en un apartado dedicado a la población "vulnerable" que sufre de forma colateral la violencia sobre las mujeres.
Además, el Consejo General del Poder Judicial ha venido pidiendo que se modifique el Código Penal para que se pueda aplicar como pena la retirada de la guardia, custodia o patria potestad sobre los hijos a los hombres que maltraten. De hecho, otro estudio difundido en 2011 reveló que la violencia de género no se tiene en cuenta como factor esencial a la hora de asignar la custodia en un contencioso de divorcio.
Otra de las grandes reformas exigidas desde colectivos sociales es la que persigue que ningún asesino machista pueda recibir pensión de viudedad, tras hacerse público este año que hay varios hombres en España cobrando tras haber asesinado a la mujer que había generado esa pensión.
También en materia judicial, los últimos datos disponibles, correspondientes al segundo trimestre del año, arrojan un incremento del 5,7 por ciento en las denuncias por malos tratos, aunque revelan que las renuncias han crecido un 6,2 por ciento. Tanto la Fiscalía como el CGPJ reclaman cambios en Ley de Enjuiciamiento Criminal para eliminar el derecho de dispensa que permite a las víctimas negarse a declarar contra sus maridos, aunque sean sus maltratadores.
Respecto a la actuación de los jueces, el Tribunal Supremo sentenció que la violencia de género es un motivo razonable para pedir y recibir asilo en España y, en otro fallo, fijó que difundir la identidad de un acusado por malos tratos está justificado, ya que se trata de una información de "especial interés social".
CAMBIOS PARA 2012
En cuanto a las medidas adoptadas, destaca la posibilidad de que mujeres que no han presentado denuncia por maltrato pero han acudido a los servicios sociales accedan a un sistema de teleasistencia, entre otras iniciativas. Asimismo, se han destinado 14 millones de euros, según la extinta Secretaría de Estado de Igualdad, a promover las pulseras de localización GPS para maltratadores, que ya no se imponen sólo como medida cautelar, sino también a los condenados.
Por otra parte, a 31 agosto 21.047 mujeres contaban con protección policial activa, un servicio que se ha prestado en total, a 95.520 víctimas de maltrato en España. En la misma fecha se habían registrado ya 271.032 llamadas al teléfono de atención 016 que, en el 75% de los casos habían realizado las propias mujeres. También en materia de protección, 9.600 víctimas contaban con teleasistencia en aquel momento, pero desde el año 2005 han sido 37.226 las usuarias.
Este es el balance de un año que termina con polémica por los recortes emprendidos en algunas comunidades autónomas sobre los recursos para la asistencia a víctimas, y por el concepto mismo de la violencia de género. Además, 2012 arranca con la perspectiva de una reforma de la Ley Integral ya que fue anunciada por el PP en campaña y la nueva ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha difundido su intención de retocarla.
En concreto, el PP persigue introducir a los menores como sujetos directos de protección de la norma, crear un expediente único para cada víctima de violencia de género al que tengan acceso todos los organismos y administraciones públicas con poder para protegerla. En general, se han comprometido a emprender los cambios "que sean necesarios" en pro de una mejora en la eficacia de la norma, aunque votaron a favor de la aprobación de la misma y ni el PSOE ni las asociaciones de mujeres están de acuerdo en que sea necesario.
