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Viernes 17/05/2024  

Andalucía

La Ley del Turismo influirá en la ordenación urbanística

Se pedirán evaluaciones de impacto ambiental a los proyectos

  • Luciano Alonso, ayer. -
El anteproyecto de Ley del Turismo, que ayer aprobó el Consejo de Gobierno, contempla una mayor influencia en la ordenación del territorio y el urbanismo al considerar “fundamental” la evaluación del impacto ambiental, buscando que el urbanismo sea “un aliado del turismo y no un enemigo”, homogeneizando el uso del suelo turístico, de modo que el 50% del terreno clasificado como tal deba destinarse a ese uso.

Según explicó el consejero de Turismo, Comercio y Deporte, Luciano Alonso, la “indefinición” del suelo de uso turístico que aparece en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) se hace “obligatorio”, de forma que el 50% del terreno deba destinarse a uso turístico, lo que significará “un efecto llamada” para los equipamientos complementarios.

Así, la idea es que el turismo tenga “una mayor influencia” en la ordenación del territorio y en el urbanismo, de forma que se articularán instrumentos para que se incida antes de que se aprueben los proyectos y exigiendo una evaluación de impacto ambiental. Según Alonso, hay que hacer “un buen uso turístico del POTA, de forma que el urbanismo sea un aliado del turismo y no un enemigo”, ya que el turista se ha mostrado “poco animoso” cuando los “movimientos urbanísticos especulativos” se han unido al turismo.

La nueva Ley, según Alonso, se fundamenta en el “paradigma de la sostenibilidad” con tres criterios, como son el ambiental, que busca apostar por el territorio como recurso básico para nuevos productos turísticos, aplicando distintos modelos según cada realidad; el económico, favoreciendo la inversión y simplificando los trámites para la creación de empresas; y el social, ofreciendo mayores garantías a los usuarios y buscando la mayor accesibilidad “de todos y para todos”, recordando que los 600 millones de personas con alguna discapacidad, además de derechos, también son una fuente de ingresos.

Esta norma, “deseada” por consensuada con los agentes sociales y económicos, intenta adecuar al nuevo modelo turístico la Ley actual, de 1999, y los diferentes reglamentos turísticos y leyes locales en una sola, teniendo “al turista en el corazón”, según Alonso, que destacó que “queremos seguir siendo líderes” en el sector turístico pero de una forma “sostenible a largo plazo”.

El proyecto contempla medidas de ordenación, promoción, mejora de la accesibilidad a los recursos, impulso a la cooperación público-privada, fomento de la creación de empleo y reforzamiento de las garantías de calidad y seguridad para usuarios y trabajadores.

Se establece una reclasificación de la oferta (con la distinción básica entre servicios turísticos y actividades con incidencia en el sector); introduce la regulación de nuevas fórmulas de negocio como la propiedad horizontal (clarificando su uso turístico y gestionados bajo una sola unidad de explotación), e incluye medidas para potenciar las actuales políticas de calidad e innovación.

También se crean figuras como los Marcos Estratégicos para la Ordenación de los Recursos y Actividades Turísticas, que determinarán las medidas concretas adecuadas a cada territorio.

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