En una providencia y un auto dictados ayer, el magistrado de la Audiencia Nacional vuelve a imputar a los militares Philip de Camp, Philip Wolford y Thomas Gibson el delito contra la comunidad internacional en concurso con uno de homicidio, y pidió al Consejo General del Poder Judicial autorización para desplazarse al lugar de los hechos y realizar una inspección para investigarlos.
Considera el juez que concurren “motivos bastantes” para considerarlos culpables del “ataque a la población civil” y el “acto o amenazas de violencia con la finalidad de aterrorizar a la población civil o a los periodistas” por lo que, “atendiendo a la gravedad de los hechos”, procede ordenar la busca y captura e ingreso en prisión “como única medida efectiva” para asegurar la presencia de los mismos en el proceso.
Pedraz acuerda de esta forma practicar las diligencias que ya ordenó y que no se realizaron anteriormente después de que el Tribunal Supremo obligara por segunda vez a la Audiencia Nacional a reabrir la investigación en un fallo que adelantó el pasado 6 de julio.
Así, pide tomar declaración a los periodistas de las televisiones Al Jazeera y Abu Dhabi para que aclaren como se produjeron los ataques a sus respectivas instalaciones y reitera la comisión rogatoria cursada a Irak para que autorice el desplazamiento a este país para reconstruir los hechos.
No obstante, como “no se obtuvo respuesta a la misma” anteriormente, Pedraz acuerda la inspección ocular del lugar que no requiere de la cooperación de las autoridades iraquíes, “para lo cual basta que la comisión judicial se desplace a Bagdad” entre los próximos octubre y noviembre.
Una comisión que estaría formada, detalla, por él mismo, el secretario judicial y un funcionario de su juzgado, el fiscal y las partes “si estiman oportuno acudir” y los periodistas en calidad de testigos Olga Rodríguez, Jon Sistiaga y Jesús Manuel Hernández.
Subrayó que, “teniendo en cuenta que los hechos acaecieron” durante la administración Bush, “podría existir la posibilidad de una efectiva cooperación (antes denegada)” por parte del Gobierno de Barack Obama y vuelve así a pedir la declaración de los tres imputados, así como reclamar al Departamento de Estado, de Defensa y de Justicia toda la documentación sobre los hechos.
