Según explica el alcalde, la denuncia se debe a que se ha detectado que este concejal del PSOE, siendo administrador único de la empresa Agentphone 2000 SL, distribuidora y agente exclusivo de Vodafone en La Carolina, contrató en dos ocasiones con dicha operadora de telefonía las líneas telefónicas del Ayuntamiento. Esta conducta está tipificada por el Código Penal en el artículo 441 como delito de negociaciones prohibidas a las autoridades y funcionarios públicos.
juzgado de guardia
Gallarín comunica que esto hechos fueron puestos en conocimiento del Juzgado de Guardia de La Carolina, el cual ha acordado incoar diligencias previas para su esclarecimiento, habiéndose señalado ya tanto el ofrecimiento de acciones al Ayuntamiento de La Carolina como la declaración en calidad de imputado del ex 1º Teniente de Alcalde.
El alcalde de La Carolina manifiesta que “no se ha hecho otra cosa que poner en conocimiento del Juzgado unos hechos para que sea éste quien clarifique y califique”. “Desconocemos si los hechos son o no constitutivos de delito”, puntualiza, y añade: “Sin embargo, resulta muy sospechoso que el contrato que mantenía el Ayuntamiento de La Carolina con la empresa a la que representa el ex primer Teniente de Alcalde se firmara con fecha 4 de octubre de 2009, domingo, 2 días después de haberse registrado en la Secretaría Municipal la moción de censura”:
judicializar la vida política
Asimismo, Gallarín asegura que “no se pretende judicializar la vida política municipal sino, únicamente, exigir que asuman su responsabilidad quienes hayan cometido irregularidades”. Concluye manifestado que “esto demuestra cómo se han hecho las cosas durante el gobierno de Férriz, primando siempre los intereses personales sobre los de los ciudadanos y convirtiendo el Ayuntamiento en su cortijo”.
