ETA, una alargada sombra 5 años después de su disolución

"Hoy día 3 de mayo a las 14.00 horas local ETA ha dejado de existir". Con esta precisión, mañana hace cinco años que el director ejecutivo del Centro Henri Dunant para el Diálogo Humanitario, David Harland, certificó la disolución definitiva de la organización terrorista.

Lo hizo después de que dos históricos dirigentes de la banda, Josu Urrutikoetxea, "Josu Ternera", entonces huido de la justicia, y María Soledad Iparragirre "Anboto", presa en Francia, leyeran el último comunicado de ETA, en el que habló sin tapujos de "disolución" y de fin de un "ciclo histórico y de su función".

Cinco años después, de ETA quedan sus presos, el dolor de sus víctimas y el lastre de su recuerdo, muy presente como arma arrojadiza en el embarrado debate político, sobre todo, curiosamente, fuera de Euskadi. En el País Vasco, pese a las buenas intenciones de algunos sectores e instituciones, las heridas de tantos años de violencia no permiten construir una memoria compartida y pacífica.

Una cuestión ya menor para la sociedad vasca, que en estos cinco años ha visto pasar una pandemia global y su consiguiente enésima crisis económica, de la que ya está saliendo con fuerza.

En este lustro, no obstante, se han producido algunos hitos en el camino de la reconstrucción de la convivencia, el más significativo de ellos este mismo año: el final definitivo de la política de dispersión de presos, que fue durante décadas uno de los principales catalizadores de movilización social del entorno de ETA.

Actualmente quedan 127 presos en las cárceles vascas, 7 en Pamplona y 12 en Francia, además de una veintena que cumplen condena en sus domicilios y en centros especializados.

A ellos hay que sumar algo más de una decena de reclusos críticos que abandonaron el colectivo de presos (EPPK) disconformes con su aceptación de las vías legales y que cuentan con el apoyo de grupos minoritarios disidentes que reclaman la amnistía total. Una excarcelación masiva que en Euskadi, a diferencia de otros procesos más o menos similares como el del Irlanda, no ha ocurrido.

Otra importante novedad, facilitada por la distensión derivada del silencio de las armas, radica en que el Gobierno Vasco se hizo hace año y medio con la transferencia de prisiones, prevista en el Estatuto, pero impensable en la situación anterior.

El ejecutivo vasco es ahora el responsable de otorgar terceros grados a los reclusos, también a los de ETA, aunque se está topando con la posición contraria de la Audiencia Nacional, que ha revocado 11 progresiones de grado con el argumento de que los presos no han expresado un verdadero arrepentimiento.

Estos pasos en política penitenciaria se han visto favorecidos por la relación política entre EH Bildu y el Gobierno español y también por posiciones pragmáticas como la que ha llevado a los presos de ETA a aceptar las vías legales para caminar a su excarcelación, además de gestos como la renuncia a los "ongi etorri", actos públicos de bienvenida que infligían sufrimiento a las víctimas.

Además, en octubre de 2021 la izquierda abertzale escenificó un nuevo "paso" al expresar solemnemente su "pesar y dolor por el sufrimiento padecido" por las víctimas de ETA, un dolor que, añadió el líder abertzale, Arnaldo Otegi, "nunca debió haberse producido".

Los partidos de izquierdas -PSOE y Podemos- vieron en esta declaración aspectos positivos, mientras que el PP la rechazó de plano y el PNV puso el acento en que no se mencionaba lo injusto del dolor causado.

En estos cinco años, EH Bildu ha consolidado su apuesta por la política, hasta el extremo de convertirse en uno de los socios más estables del Gobierno socialista y de centrar sus debates en cuestiones que arrumbaron durante décadas de retórica de lucha independentista.

Esta asunción de la "política real" no ha sido compartida unánimemente por las bases de la izquierda abertzale, en especial por los más jóvenes, muchos de los cuales se han organizado en torno a un movimiento socialista ortodoxo GKS (Gazte Koordinadora Sozialista) que rechaza el "aburguesamiento" de EH Bildu y plantea una serie de reivindicaciones compartidas por movimientos similares de carácter internacionalista, en los que cuestiones como los presos o la independencia quedan relegadas.

La bienvenida estabilidad política sin violencia y la mala experiencia del proceso catalán han enfriado también en Euskadi el ideal de la independencia. El último Sociómetro vasco, que elabora el Gobierno Vasco, apuntaba en marzo de este año que el 23 % de los ciudadanos de la Comunidad Autónoma vasca está a favor de la independencia, otro 23 % la apoyaría "según las circunstancias" y el 41 % se muestra abiertamente en desacuerdo.

Sin la crispación que generaba la violencia, la sombra de ETA sigue siendo alargada, con heridas abiertas y la constatación, cada vez más asumida, de que no podrá haber un relato compartido de lo sucedido en los sesenta años de historia de la organización terrorista.

La última muestra, este mismo año, ha sido la polémica en torno a las páginas de memoria local elaboradas por la Sociedad de Ciencias Aranzadi, que incluían a víctimas de ETA y a terroristas condenados a cientos de años por diversos asesinatos, además de una reseña histórica acorde con el relato de un conflicto entre dos bandos que siempre ha defendido la izquierda abertzale.

Por otro lado el reciente ascenso del teniente general de la Guardia Civil Arturo Espejo, presuntamente implicado en la muerte de Mikel Zabalza, también ha reabierto heridas en amplios sectores de la sociedad vasca, incluidos los propios socialistas vascos.

Aunque para colectivos de víctimas y para determinados sectores políticos ETA siga viva mientras EH Bildu participe en las instituciones, ya nadie en Euskadi mira los bajos de su coche ni precisa escolta, cinco años después de que la organización terrorista se disolviera sin haber logrado ninguno de sus objetivos.