Así lo han informado fuentes de la Audiencia Nacional, que han señalado que Garzón recibió el pasado día 6 una carta de Moreno Ocampo en la que le invitaba a “asistir” a su Fiscalía como consultor externo por un periodo de siete meses para contar con su experiencia en la investigación de crímenes organizados y masivos.
El juez pidió ayer mismo al órgano de gobierno de los jueces que le declare en situación de servicios especiales, solicitud que será estudiada hoy por la Comisión Permanente de ese órgano, han informado fuentes del CGPJ.
Antes de hacer esa petición, Garzón ha informado al presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, que ha dado su visto bueno al traslado.
De acordarse la incorporación del magistrado al TPI, ésta sería inmediata y el juez trabajaría en la ciudad holandesa de La Haya, aunque Moreno Ocampo ya le ha comunicado que eventualmente podría desplazarse a lugares como Congo, Uganda o Colombia, donde este tribunal tiene investigaciones abiertas.
La situación de servicios especiales es asimilable a una excedencia, con la diferencia de que no se pierde el destino y no hay que volver a concursar.
En cualquier caso, la Comisión Permanente deberá analizar si el cargo al que opta Garzón figura en el catálogo de puestos internacionales que dan derecho a la declaración de servicios especiales.
Estar en esa situación, han explicado fuentes del CGPJ, no implica modificación alguna en el estatus del juez, que seguirá siendo titular de su Juzgado –el Central de Instrucción número 5– y mantendrá la condición de aforado, por lo que las causas que tiene abiertas seguirán tramitándose en el Tribunal Supremo.
Estas fuentes han añadido, sin embargo, que en el caso de que en los próximos días se dicte la apertura de juicio oral contra él por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo, no está tan claro que el CGPJ pudiera acordar su suspensión provisional.
La razón es que esta medida cautelar está prevista para apartar del servicio activo a los magistrados encausados penalmente, pero en el caso de Garzón habría perdido ya su objeto.
La situación cambiaría nuevamente cuando finalizara el plazo de siete meses por el que ha solicitado el traslado al TPI y Garzón tuviera que reincorporarse a la Audiencia Nacional, momento en el que, si no ha habido novedades en las causas que se tramitan contra él, debería ser suspendido.
REACCIONES
Las asociaciones de jueces y fiscales coinciden en que Baltasar Garzón, como cualquier otro juez, es libre de aprovechar la oportunidad de ocupar un puesto en el TPI, lo que califican como una situación normal que no interfiere en la investigación del Tribunal Supremo.
En declaraciones a Efe, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García, ha destacado que el juez de la Audiencia Nacional está amparado por la presunción de inocencia, por lo que a su juicio poco importa que “pida el traslado a la Corte Penal Internacional o se dedique a la cría del jilguero”.
No obstante, García reconoce que podría plantearse un problema jurídico si al final en el Supremo, que instruye tres querellas contra Garzón, se produce una situación “penalmente relevante” cuando el juez forme parte del tribunal de La Haya.
Con él coincide el portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Ignacio Espinosa, quien además cree que Garzón es “la persona idónea” para ocupar un cargo en el TPI “por su experiencia y el buen hacer” en asuntos de relevancia internacional.
A Espinosa no le extraña que Garzón acepte el puesto si le surge esta oportunidad, mientras que “aquí no se lleva nada más que malos ratos”.
Por su parte, Marcelino Sexmero, portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV), y Conrado Gallardo, del Foro Judicial Independiente (FJI), han insistido en que la investigación abierta en el Supremo contra Garzón seguirá su curso y el resultado no será diferente aunque el juez cambie de destino.
