La isleña Irene Marín Castejón ha hecho público el "calvario" que tanto ella como su familia, compuesta por doce hermanos y hermanas, llevan padeciendo desde casi treinta años para deshacerse de una parcela de poco más de 600 metros que era propiedad de su padre y que se ubica en la ARI SE-07 Batería Alta, en la calle Corbeta número 5, en la zona de Santo Entierro.
Todas las oportunidades de negocio que han tenido se han ido al traste porque el PGOU actual preveía para esa zona una carretera junto a un Parque Arqueológico del que poco o nada se sabe a estas alturas de la película (se trata de todo el espacio localizado a la espalda de la ITV). Y es que cada vez que intentan darle una salida se encuentra de bruces con la negativa por parte de Urbanismo.
La finca les está costando dinero año tras año, incluso ya han perdido la cuenta, porque tienen que limpiarla de malas hierbas al menos una vez al año, han tenido que tirar la casa que había y unos antiguos garajes que habían sido tomados por parte de okupas e incluso se han visto obligados a pagar multas por la falta de limpieza. Todo ello unido a que es una zona en la que al menos dos veces al año se producen incendios.
Irene Marín relata su historia y la de su familia con la parcela de la discordia. “Todo arranca en el año 1994. Mi padre tenía una finca con una casa y unos garajes que había hecho, porque eso antes fue una industria. Ese año decidimos que había que venderla o hacer algo. Resulta que cuando nos pusimos a mirar la finca no estaba puesta a su nombre, en su día no la pudo escriturar por problemas económicos. Hubo que hacer un expediente de dominio y una cantidad increíble de trámites administrativos”.
Prosigue señalando que “ya se había pedido en ese mismo momento un estudio de detalle para ver la situación de la parcela, si se podía construir o no. En esas fechas nos confirman que era suelo urbano y que se podía construir con una edificación de bajo más cuatro plantas. Al final con tantos trámites no fue hasta el año 2004 cuando pudimos escriturar”.
Por esas fechas, el Ayuntamiento isleño ya había realizado un primer avance del PGOU y les paralizaron todo lo que tenían previsto porque por ella pasaba la carretera citada anteriormente. “El PGOU no se aprobó hasta el 2011 y la parcela llegó a estar vendida hasta dos veces”, señala Irene.
Desde entonces han pasado 18 años y siguen esperando una salida a un trozo de terreno que se ha convertido en un pozo sin fondo en lo que a cuestión de dinero invertido se refiere.
La parcela tiene un cerramiento de bloque, pero aún así la gente sigue saltando en su interior, además de convertirse en un auténtico vertedero de basuras. Mientras ellos siguen corriendo con los gastos de la limpieza y, como no, de la contribución que tienen que pagar cada año de manera religiosa.
“Ni hemos hecho cálculos, ni los quiero hacer de cuánto nos ha costado su mantenimiento durante todos estos años”, señala la afectada, quien añade que “lo último es que la hemos limpiado, hemos tirado las paredes de los garajes para dejarla diáfana y el dueño de la empresa que la está limpiando nos propone alquilarla por 1.000 euros mensuales y él lo alquila como plazas de garajes. Va al Ayuntamiento a pedir un permiso y dicen que no se lo dan. Eso ha sido ya lo último”.
“Lo único que queremos es deshacernos de ella. Hemos pedido incluso al Ayuntamiento que nos haga una permuta con otro sitio en el que se pueda construir, pero nada de nada”, afirma Irene Marín.
Siente rabia e impotencia con todo lo que está sucediendo, sobre todo porque no hay ni rastro de lo que había proyectado para dicha área urbanística en el actual PGOU. “Ahí hay planteada una unidad de ejecución con un parque arqueológico con una serie de edificios alrededor. Hace once años desde que el PGOU entró en vigor y esto ni está hecho, ni se va a hacer. Además la última vez que estuvimos en el Ayuntamiento nos dijeron que no había dinero para hacerlo”.
