El Gobierno aprobó ayer el anteproyecto de ley para la reforma del procedimiento sancionador en materia de seguridad vial, que contempla una única notificación, en lugar de tres, y “premia” el pronto pago de los infractores con un descuento del 40% del importe de las multas.
Estas son algunas de las novedades que incorpora la reforma del procedimiento sancionador, que el Consejo de Ministros remitirá a las Cortes, según explicó la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, quien además subrayó el hecho de que las cuantías de las multas vayan a ser “proporcionadas al peligro potencial creado por el conductor”.
Así, se fijan las cuantías de las multas en 100 euros para las infracciones leves, 200 para las graves y 500 euros para las muy graves, pero éstas podrán incrementarse hasta en un 30% atendiendo al “peligro potencial creado”.
Además, se fija la cuantía de la sanción por exceso de velocidad en función del número concreto de kilómetros que se exceda sobre la velocidad máxima permitida.
El cuadro de las sanciones se revisa e incluso se eliminan algunas de las actuales, como la suspensión del permiso de conducción para las graves; sólo se podrá suspender en las muy graves y en dos meses (actualmente es entre uno y tres meses).
Por contra, se incluyen otras, como la suspensión del permiso si no se identifica al conductor del vehículo con el que se ha cometido una infracción, o la prohibición para los extranjeros no residentes en España que cometan infracciones de utilizar el vehículo durante un mes, además de anotar la pérdida de puntos.
Los infractores tendrán la posibilidad de concluir el procedimiento sancionador en quince días, mediante el pago voluntario de la sanción con una reducción de un 40% de la multa (ahora es de un 30) y, además, la reducción en ese porcentaje del tiempo de suspensión del permiso.
En los supuestos en los que el infractor ni pague ni haga alegaciones o proponga pruebas, el procedimiento se dará por concluido en un mes y la sanción será firme y ejecutiva.
También se revisa el sistema de responsabilidades cuando la infracción se haya detectado a través de un radar sin que se haya detenido al vehículo, lo que obliga a identificar al conductor para iniciar el procedimiento.
En estos momentos, la identificación del infractor es responsabilidad del titular del vehículo, pero cuando se apruebe la reforma se trasladará esa responsabilidad a la persona que se designe como conductor habitual del mismo, al considerar que está en mejores condiciones para conocer quien conducía.
La reforma también abrevia los trámites de las notificaciones y lo hace utilizando también de los medios electrónicos. La Dirección General de Tráfico (DGT) asignará obligatoriamente a las empresas o sociedades que sean titulares de un vehículo una dirección de correo electrónico (Dirección Electrónica Vial –DEV–) donde se les notificarán las infracciones.
También podrán recibir las notificaciones por vía telemática los particulares que lo soliciten.
Además, se creará un Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico en formato digital, en donde se publicarán las notificaciones que no puedan hacerse en la DEV o en el domicilio, y que va a sustituir a la obligada publicación en el tablón de edictos del Ayuntamiento, del Boletín Oficial del Estado, de la Comunidad Autónoma o de la Provincia.
El coste estimado de la puesta en marcha de esta ley asciende a 6.000 euros, según el Gobierno, que asegura que van a ser financiados con cargo a los presupuestos ordinarios de la Dirección General de Tráfico. Con este procedimiento se van a cobrar prácticamente el cien por cien de las multas (en algunos ámbitos el 40% de las multas queda sin cobrar), según el Ministerio del Interior, quien destaca además el ahorro en servicios postales con el uso de medios telemáticos.
